INFORME No. 170/17
CASO 11.227
FONDO
INTEGRANTES Y MILITANTES DE LA UNIÓN PATRIÓTICA
COLOMBIA1
6 DE DICIEMBRE DE 2017
I.

RESUMEN

1.
El 16 de diciembre de 1993 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por la Corporación para
la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – REINICIAR y la Comisión Colombiana de Juristas (en
adelante “la parte peticionaria”2) en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República de Colombia
(en adelante “el Estado colombiano”, “el Estado” o “Colombia”) por múltiples y sucesivas violaciones de derechos
humanos en perjuicio de personas pertenecientes y militantes del partido político Unión Patriótica (en adelante
“la UP”).
2.
La parte peticionaria alegó que el Estado colombiano es responsable por lo que denominó como
un genocidio por razones políticas, en el cual ocurrieron, entre otras violaciones de derechos humanos,
ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos
forzados, torturas y criminalizaciones infundadas en perjuicio de más de 6000 personas pertenecientes y
militantes de la Unión Patriótica. La parte peticionaria alegó la responsabilidad del Estado colombiano por
acción y por omisión. Asimismo, señaló que las víctimas y sus familiares no han obtenido verdad, justicia ni
reparación. La parte peticionaria alegó que estos hechos impidieron que las personas pertenecientes y
militantes de la Unión Patriótica pudieran ejercer, entre otros, sus derechos políticos.
3.
En septiembre de 2017 el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por
el incumplimiento del deber de protección a las personas pertenecientes y militantes de la Unión Patriótica. Sin
embargo, expresó que dicho reconocimiento es de carácter general y argumentó que los hechos específicos del
caso y la determinación de las víctimas permanecen en controversia. Igualmente, el Estado indicó que existen
múltiples interpretaciones sobre lo sucedido y que la parte peticionaria alega sólo una de dichas posibles
interpretaciones. Indicó que no está demostrado que existió una política de Estado que dio lugar a las violaciones
de derechos humanos ocurridas en el presente caso. Asimismo, indicó que ha adoptado múltiples medidas para
investigar y reparar dichas violaciones en el ámbito interno.
4.
La Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 5/97 el 12 de marzo de 1997. A lo largo
de la tramitación del caso en la etapa de fondo, la Comisión celebró múltiples audiencias y reuniones de trabajo.
En particular, desde el mes de marzo de 1999, las partes intentaron llegar a un acuerdo de solución amistosa,
procedimiento que se cerró entre octubre y noviembre de 2006 3 , en atención a la decisión de la parte
peticionaria de retirarse del mismo. La audiencia de fondo más reciente tuvo lugar el 24 de marzo de 2014 y en
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, de
nacionalidad colombiana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
2 Posteriormente, también se constituyó como parte peticionaria la organización Derechos con Dignidad, en representación de un
grupo 14 de presuntas víctimas, así como la familia de Miguel Ángel Díaz, en representación de dicha persona. La Comisión también recibió
la revocatoria de poderes de un grupo de presuntas víctimas. Tomando en cuenta su práctica constante, la Comisión entiende que tanto la
parte peticionaria original como quienes se han constituido posteriormente, actúan como co-peticionarios en el presente asunto.
3 Durante este periodo, entre otros esfuerzos para llegar a una solución amistosa, se constituyó una Comisión Mixta integrada por
representantes de la Unión Patriótica, la parte peticionaria y entidades estatales, en particular Vicepresidencia de la República, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. En marzo de 2000 las partes suscribieron
un acuerdo para la búsqueda de una solución amistosa en el que se incluyó la metodología de trabajo derivada del trabajo de la Comisión
Mixta. Parte de este acuerdo fue la creación de un grupo de trabajo instalado en septiembre de 2001, el cual incorporó también a la
Defensoría del Pueblo, a la Organización Mundial contra la Tortura y a Robert Goldman en su calidad de Relator de la CIDH para Colombia.
Del expediente relativo al periodo en el cual el caso estuvo en solución amistosa, surgen una serie de medidas relacionadas tanto con
protección como con investigación y reparación, las cuáles serán descritas en la medida de lo pertinente a lo largo del presente informe de
fondo.

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