el contexto de la misma, el Estado reiteró su voluntad de retomar el procedimiento de solución amistosa. La
parte peticionaria representante de la mayoría de presuntas víctimas (REINICIAR y Comisión Colombiana de
Juristas), consideró que no estaban dadas las condiciones para retomar dicho procedimiento. En igual sentido
se pronunciaron los familiares de Miguel Ángel Díaz. Por su parte, otro grupo (la organización Derechos con
Dignidad) expresó su voluntad de iniciar una solución amistosa, por lo que el 13 de noviembre de 2015, la CIDH
dispuso el desglose de los casos. Sin embargo, el Estado colombiano indicó que su expresión de voluntad para
alcanzar una solución amistosa era con relación al caso en su integridad. En ese sentido, el 13 de octubre de
2016 la Comisión dispuso la re acumulación del caso y determinó continuar con el trámite de fondo.
5.
La parte peticionaria presentó comunicaciones sustantivas en la etapa de fondo, tanto de
manera paralela al procedimiento de solución amistosa, como con posterioridad al cierre del mismo, en fechas:
6 de octubre de 1997, 11 de septiembre de 1998, 2 de marzo de 1999, 30 de septiembre de 1999, 26 de febrero
de 2003, 14 de octubre de 2003, 1 de marzo de 2004, 6 de marzo de 2006, 4 de marzo de 2007, 16 de diciembre
de 2010, 18 de septiembre de 2012, 18 de febrero de 2013, 30 de octubre de 2013, 29 de noviembre de 2013,
11 de julio de 2014, 10 de abril de 2015, 30 de septiembre de 2015, 6 de abril de 2016, 26 de abril de 2017, 28
de abril de 2017 y 3 de mayo de 2017. El Estado colombiano presentó observaciones de fondo en fechas 30 de
octubre de 1997, 10 de enero de 2008, 5 de agosto de 2011, 19 de septiembre de 2014, 6 de septiembre de 2017
y 5 de diciembre de 2017. Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes 4 . Con
anterioridad a la petición inicial y en diferentes momentos del trámite, la Comisión solicitó al Estado colombiano
que adoptara medidas cautelares a favor de personas vinculadas con el caso.
6.
Con base en las determinaciones de hecho y de derecho, la Comisión Interamericana concluyó
que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad
jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y la
dignidad, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la protección de la niñez, a la libertad de
circulación y residencia, a los derechos políticos, a la igualdad y no discriminación y a la protección judicial,
establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención), en relación con las obligaciones
de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento; por la violación de los artículos 1, 6
y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “la CIPST”)5; y por la
violación de los artículos I a) y b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en
adelante “la CIDFP”)6. Las anteriores violaciones fueron cometidas en perjuicio de las personas pertenecientes
y militantes de la Unión Patriótica en los términos en que se indica a lo largo del presente informe y en sus
Anexos. Finalmente, la Comisión formuló las recomendaciones respectivas.
II.

ALEGATOS DE LAS PARTES

A.

Parte peticionaria

7.
A modo de contexto, la parte peticionaria indicó que el 28 de mayo de 1985 se constituyó la
Unión Patriótica como producto de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Colombia y el grupo
insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En dicho acuerdo, el gobierno se comprometió

4 El 5 de diciembre de 2005 la Comisión decidió desglosar y tramitar de manera separada el caso de Manuel Cepeda Vargas. Dicho
caso continuó siendo tramitado bajo el número de caso 12.531, fue decidido por la Comisión y presentado a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”). La sentencia fue emitida el 26 de mayo de 2010. La Comisión
utilizará, en la medida de lo pertinente, información y documentación que se desprende de dicho expediente. Por otra parte, el 13 de
noviembre de 2015 la Comisión informó a las partes que debido a que Josué Giraldo Cardona figura como presunta víctima tanto en el
presente caso como en el caso 11.690, relativo a los miembros del Comité Cívico del Meta, decidió que la situación de Josué Giraldo Cardona
sería analizada en el presente caso.
5 Este instrumento será aplicado en el caso tomando en cuenta que la fecha de ratificación del Estado colombiano fue el 2 de
diciembre de 1998.
6

de 2005.

Este instrumento será aplicado en el caso tomando en cuenta que la fecha de ratificación del Estado colombiano fue el 1 de abril

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