22 de enero de 2022 REF.: Caso Nº 12.322 Antonio González Méndez México Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH”, “el Estado mexicano” o “México”) el Caso Nº 12.322 – Antonio González Méndez, respecto de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado”, “el Estado mexicano” o “México”). El caso se refiere a la falta de investigación, juzgamiento y sanción de la desaparición de Antonio González Méndez, ocurrida en un contexto de violencia en el norte del estado de Chiapas, donde grupos paramilitares, incluyendo el grupo Paz y Justicia, actuaban auspiciados y bajo la tolerancia y aquiescencia del Estado, cometiendo hechos de violencia como ejecuciones y desapariciones. Dicha violencia estaba dirigida especialmente hacia la población indígena simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de la oposición política, de los que existía una importante presencia en la población de choles de El Calvario y Sabanilla. Antonio González Méndez, originario de la comunidad El Calvario, pertenecía al pueblo indígena Cho’l, era miembro de las bases civiles de apoyo del EZLN y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Antonio González fue visto por última vez el 18 de enero de 1999 luego de salir de su casa cerca de la medianoche en compañía de Juan Regino López Leoporto, quien fue sindicado por la esposa del desaparecido y por la parte peticionaria como perteneciente al grupo paramilitar Paz y Justicia. La esposa de la víctima denunció la desaparición el 20 de enero de 1999, iniciándose un proceso de averiguación previa en contra de Juan López. Sin embargo, luego de determinarse que tenía 17 años de edad, fue derivado al Consejo General de Menores el 6 de febrero de 1999, iniciándose un procedimiento administrativo en su contra como probable responsable de la infracción de privación ilegal de libertad. En su Informe de Fondo la Comisión analizó, en primer lugar, si lo sucedido a Antonio González Méndez constituyó una desaparición forzada. Al respecto, concluyó que no existían indicios suficientes de que existiera entre Juan López y el grupo paramilitar que actuaba en la zona un vínculo de aquiescencia con el Estado. Por tal motivo, estimó que no existían antecedentes suficientes para considerar acreditada la participación estatal en la desaparición de la víctima y para calificar lo sucedido como una desaparición forzada. Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH consideró que las acciones que se realizaron en tres procesos seguidos a nivel nacional – una averiguación previa por “hechos delictuosos”, un amparo indirecto por “privación ilegal de libertad” y un proceso ante el Consejo de Menores Infractores del Estado de Chiapas – fueron ineficaces y no estuvieron encaminadas a una búsqueda activa y seria de la verdad de lo ocurrido ni a localizar el paradero o los restos del desaparecido. Señor Pablo Saavedra Alessandri Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica La Comisión señaló que, en la averiguación previa, el Ministerio Público se limitó a tomar repetidas declaraciones a la esposa del desaparecido y el sospechoso y a enviar oficios para que la policía investigara los

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