5 de julio de 2021
REF.:

Caso Nº 12.999
Julio Rogelio Viteri Ungaretti y familia
Ecuador

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
12.999 – Julio Rogelio Viteri Ungaretti y familia, de la República de Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado
ecuatoriano” o “Ecuador”). El caso se relaciona con las represalias sufridas por Julio Rogelio Viteri Ungaretti,
miembro de las Fuerzas Armadas y su familia, como consecuencia de una denuncia por graves irregularidades
en la administración pública y hechos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas que realizó en noviembre
de 2001. El caso trata sobre la relación estructural entre libertad de expresión y democracia, en particular la
libertad de expresión como forma de denuncia de actos de corrupción.
En su Informe de Fondo la Comisión analizó si las denuncias realizadas por el señor Viteri, en su rol de
whistleblower, se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión, y si las acciones adoptadas
por el Estado estuvieron justificadas o implicaron una restricción desproporcionada al derecho a la libertad de
expresión. Asimismo, la CIDH evaluó si el Estado vulneró el derecho a la libertad personal del señor Viteri con
motivo de la imposición de una sanción disciplinaria; si le brindó garantías judiciales y recursos efectivos para
la protección de sus derechos; y, finalmente, el efecto que todo ello causó en sus familiares.
Respecto a las sanciones sufridas por el señor Viteri por expresar y comunicar una denuncia, al tratarse
de una restricción de tipo ulterior que ingresa dentro del supuesto previsto en el artículo 13.2 de la Convención
Americana, la Comisión procedió a evaluar la legitimidad de la misma mediante el test tripartito aplicable en
estos casos. La Comisión concluyó que la sanción disciplinaria no cumplió con los requisitos de legalidad, fin
legítimo, necesidad y estricta proporcionalidad en una sociedad democrática.
En relación con la obligación de obtener una autorización previa para hablar con la prensa sobre un
asunto de alto interés público, como es la denuncia de corrupción con posibles efectos sobre el uso de fondos
públicos, la CIDH concluyó que esta restricción constituye el tipo de censura que la Convención Americana
expresamente prohíbe, la cual afecta la dimensión individual y colectiva del derecho a la libertad de expresión.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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