La Comisión concluyó además que las afectaciones al derecho a la libertad de expresión en el presente
caso se vieron agravadas por la ausencia en Ecuador de mecanismos adecuados para denunciar hechos de
corrupción en organizaciones altamente jerárquicas, como las Fuerzas Armadas. La Comisión destacó además
el rol de los denunciantes o whistleblowers, y el deber de protegerlos frente a sanciones legales, administrativas
o laborales, siempre que hayan actuado de buena fe. Al respecto, señaló que, sin una norma que garantice sus
derechos, las represalias laborales y los actos de hostigamiento que derivaron, como en el presente caso, en el
exilio del denunciante, generan un chilling effect en otros denunciantes de actos de corrupción.
Por otra parte, la Comisión consideró acreditado que el señor Viteri fue sometido a diversas sanciones
de arresto de rigor, siendo la más relevante, por su extensión y efectos, una de 15 días, así como dos arrestos
adicionales de tres y cinco días, por haber realizado declaraciones ante la prensa sin haber solicitado
autorización previa. Ello, a pesar de que la denuncia de presuntos actos de corrupción ya había tomado estado
público. Al respecto, la CIDH concluyó que dichas detenciones fueron irrazonables y desproporcionadas y, en
consecuencia, afectaron la libertad personal del señor Viteri.
La Comisión observó además que las medidas de protección otorgadas por el Estado a solicitud de la
CIDH no lograron proteger al señor Viteri ni a su familia de manera efectiva, dado que las medidas de vigilancia
continuaron, motivo por el cual obtuvieron asilo político en el Reino Unido. Con base en ello, la Comisión
concluyó que el Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y residencia reconocido en la
Convención Americana en perjuicio del señor Viteri y su familia.
Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la protección judicial del señor Viteri
debido a la falta de efectividad del recurso de hábeas corpus interpuesto por la víctima, el cual fue rechazado in
limine con base en una interpretación de la Constitución según la cual no procedía ante detenciones basadas en
razones disciplinarias dentro de las Fuerzas Armadas.
Por último, la CIDH declaró responsable al Estado por la violación del derecho a la integridad psíquica
y moral, en perjuicio del señor Viteri y su familia, por el sufrimiento y aflicción generadas por las mencionadas
violaciones.
El Estado de Ecuador ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre
de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
La Comisión ha designado a la Comisionada Antonia Urrejola Noguera y al Relator Especial Pedro Vaca
Villareal como su delegada y delegado. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge
Meza Flores y Cecilia La Hoz Barrera, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras
y asesor legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe de Fondo No. 8/20 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia
de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 8/20 (Anexos).
Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 5 de agosto de 2020, otorgándole un plazo de dos
meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento por parte de la CIDH
de tres prórrogas, el 21 de junio el Estado solicitó una cuarta prórroga. Al momento de evaluar dicha solicitud,
la Comisión observó que, a más de diez meses de notificado el Informe de Fondo, le Estado de Ecuador no ha
adoptado medidas sustantivas para el cumplimiento de las recomendaciones. En virtud de ello, y teniendo en
cuenta la posición expresada por la parte peticionaria, así como la necesidad de justicia y reparación para las
víctimas, la Comisión decidió enviar el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de
Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, libertad de
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