24 83. En su primer informe, el Estado informó que contaba “con un borrador del Protocolo Alba” y que “no se trata[ba] de un programa nacional, sino de un mecanismo que cada entidad federativa adpatar[ía] a sus características sociopolíticas y su territorio”. 84. En su segundo informe el Estado alegó que el Protocolo Alba “como el mecanismo operativo de coordinación inmediata para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas en el territorio mexicano […] se encuentra activo[;…] cada vez que desaparece alguna niña o mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, es[te] protocolo de búsqueda se activa”, con “la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Fiscalía General y las Secretarías de Seguridad Pública, ambos del Estado de Chihuahua”. Señaló que “[h]asta el 30 de noviembre de 2011, el Protocolo Alba se ha activado en 10 ocasiones, por la desaparición de diez personas[, y que] se logró la localización de dos niñas y un niño”. 85. En sus observaciones al primer informe los representantes criticaron que el Estado no les había facilitado el acceso a los debates y el borrador del Protocolo Alba, y que seguía “aplicándose de manera discrecional y limitada”, dado que “sólo en 6 ocasiones en un período de 5 meses fue activado”, cuando “la prensa [había] documentado […] un mayor número de jóvenes desaparecidas”. Respecto al segundo informe del Estado, indicaron que con “el Protocolo Alba se activó el 33% de los casos de desaparición de niñas y mujeres, reduciendo con ello la posibilidad de intervención inmediata y de coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno al mínimo”, y que “sigue conteniendo criterios discriminatorios y estereotipados para considerar que una desaparición [debe ser `]de alto riesgo[´para que proceda] la intervención inmediata”. Alegaron que el Protocolo “tendría que aplicarse de manera inmediata y sin ningún requisito adicional más que la presentación de la denuncia por desaparición”. 86. En sus observaciones al primer informe la Comisión consideró importante establecer los criterios para definir el reporte de una desaparición como de “alto riesgo”. Además, pidió que el Estado informara sobre: i) los procesos de adaptación del Protocolo en cada entidad federativa, ii) los procesos de capacitación de los funcionarios encargados, y iii) los procesos de difusión del nuevo contenido del Protocolo. Asimismo, observó que “pudieran presentarse obstáculos […] debido al criterio relacionada con la necesaria `confirmación de las autoridades´ de que ha ocurrido el `rapto/sustracción de una mujer o una niña´”. Respecto al segundo informe del Estado “reconoc[ió] las acciones realizadas por el Estado a fin de avanzar en el cumplimiento de esta medida”, pero reiteró que “en relación a los criterios para la activación del protocolo, no se establecerían conceptos claros que garanticen la aplicación de este mecanismo de forma adecuada y sin que sea posible realizar valoraciones que puedan resultar discriminatorias por parte de las autoridades”. 87. En su tercer informe el Estado señaló que “el Protocolo Alba fue perfeccionado por el Grupo Técnico de Colaboración conformado en 2008” e “integrado por servidores públicos de diversas dependencias del gobierno federal, del estado de Chihuahua y del Municipio de Ciudad Juárez, quienes realizaron una serie de adecuaciones al documento con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la Corte [Interamericana]”, mediante “la firma del Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en Caso de Extravío de Mujeres y Niños en Ciudad Juárez, Chihuahua”. Explicó que entre diciembre de 2001 y septiembre de 2012, “el Grupo Técnico del Protocolo Alba realizó 8 reuniones de trabajo a fin de perfeccionar el documento y fortalecer la práctica operativa del Protocolo”. Resaltó que “[m]ediante este nuevo protocolo se implementarán búsquedas de oficio y sin dilación alguna de mujeres y de niñas desaparecidas”, se “establece un trabajo coordinado entre las diferentes corporaciones de seguridad, sumando la colaboración de los medios de comunicación, de organizaciones sociales y organizaciones empresariales”, se “elimina cualquier obstáculo que le reste efectividad a la búsqueda, como