INFORME No. 12/19
CASO 12.903
FONDO
PROFESORES DE CHAÑARAL Y OTRAS MUNICIPALIDADES
CHILE 1
12 DE FEBRERO DE 2019

I.

INTRODUCCIÓN

1.
El 23 de noviembre de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por parte de dos estudios
jurídicos, Etcheberry/Rodríguez y Colombara Olmedo (en adelante “la parte peticionaria”) 2 ; en
comunicaciones de febrero de 2007 y diciembre de 2008, la parte peticionaria amplió su denuncia. En dichas
comunicaciones, la parte peticionaria alega la responsabilidad internacional de la República de Chile (en
adelante “el Estado chileno”, “el Estado” o “Chile”) en perjuicio de 80 profesores de la Municipalidad de
Chañaral, 80 profesores de la Municipalidad de Chanco, 32 de la Municipalidad de Pelluhue, 90 de la
Municipalidad de Parral, 193 de la Municipalidad de Vallenar y 373 de la Municipalidad de Cauquenes, dando
un total de 848 presuntas víctimas, quienes se encuentran individualizadas en la lista anexo a este informe. El
caso se trata de la presunta responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sentencias definitivas en las
que se ordenó a los mencionados municipios a pagar a las presuntas víctimas determinados montos que se les
debían por concepto de asignaciones de previsión social.
2.
La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 28/13 el 20 de marzo de 20133. El 13 de abril de
2013, la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución
amistosa4. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales
sobre el fondo. Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes.
II.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

Parte peticionaria

3.
La parte peticionaria señala que el caso se trata de la falta de ejecución de varias sentencias judiciales
firmes dictadas a favor de las 848 presuntas víctimas, las cuales reconocen que las municipalidades
correspondientes debían pagar montos sustanciales a favor de ellas por concepto de asignaciones de previsión
social. En este sentido, “salvo ciertos pagos parciales, las sentencias siguen sin ejecutarse hasta el momento”.
4.
En particular, señala que con base en dos decretos con fuerza de ley de 1979 y 1980, el Estado traspasó
al sector municipal a los docentes anteriormente adscritos al Ministerio de Educación, de acuerdo con los
principios de descentralización y privatización del gobierno militar de la época. Indica que la medida fue una
decisión política del gobierno militar, por lo que las disposiciones que regularon el proceso se hicieron
imperativas y no voluntarias para los profesores y los municipios, “no existiendo a esa época ningún mecanismo
para objetar o impedir el proceso iniciado, ni siquiera el de la movilización social y el reclamo público”.
5.
Alega que como consecuencia de la municipalización de la educación pública, los docentes dejaron de
percibir asignaciones previsionales para servidores públicos previstas en otro Decreto Ley de 1981, pues su
pago fue suspendido unilateralmente por los municipios. En consecuencia, una vez restablecida la democracia
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Antonia Urrejola, de nacionalidad chilena, no
participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
2 El 29 de marzo de 2018, el peticionario Juan Pablo Olmedo informó a la CIDH su renuncia a la representación del presente caso.
3 CIDH. Informe No. 28/13. Petición 1345-05. Admisibilidad. Profesores de Chañaral (Chile). 20 de marzo de 2013. Artículos admisibles:
8.1, 21 y 25 de la Convención Americana. Artículo inadmisible: 26 de la Convención Americana.
4 Mediante carta de fecha 23 de marzo y 9 de mayo de 2017, la parte peticionaria y el Estado, respectivamente, señalaron su interés en
llegar a una solución amistosa en el caso. La parte peticionaria informó su voluntad de cerrar el procedimiento de solución amistosa
mediante carta de fecha 6 de octubre de 2017, y la Comisión cerró el procedimiento con fecha efectiva de 6 de diciembre de 2017. El Estado
solicitó dejar sin efecto el cierre del procedimiento el 18 de diciembre de 2017.
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