INFORME No. 12/19 CASO 12.903 FONDO PROFESORES DE CHAÑARAL Y OTRAS MUNICIPALIDADES CHILE 1 12 DE FEBRERO DE 2019 I. INTRODUCCIÓN 1. El 23 de noviembre de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por parte de dos estudios jurídicos, Etcheberry/Rodríguez y Colombara Olmedo (en adelante “la parte peticionaria”) 2 ; en comunicaciones de febrero de 2007 y diciembre de 2008, la parte peticionaria amplió su denuncia. En dichas comunicaciones, la parte peticionaria alega la responsabilidad internacional de la República de Chile (en adelante “el Estado chileno”, “el Estado” o “Chile”) en perjuicio de 80 profesores de la Municipalidad de Chañaral, 80 profesores de la Municipalidad de Chanco, 32 de la Municipalidad de Pelluhue, 90 de la Municipalidad de Parral, 193 de la Municipalidad de Vallenar y 373 de la Municipalidad de Cauquenes, dando un total de 848 presuntas víctimas, quienes se encuentran individualizadas en la lista anexo a este informe. El caso se trata de la presunta responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sentencias definitivas en las que se ordenó a los mencionados municipios a pagar a las presuntas víctimas determinados montos que se les debían por concepto de asignaciones de previsión social. 2. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 28/13 el 20 de marzo de 20133. El 13 de abril de 2013, la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución amistosa4. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes. II. POSICIONES DE LAS PARTES A. Parte peticionaria 3. La parte peticionaria señala que el caso se trata de la falta de ejecución de varias sentencias judiciales firmes dictadas a favor de las 848 presuntas víctimas, las cuales reconocen que las municipalidades correspondientes debían pagar montos sustanciales a favor de ellas por concepto de asignaciones de previsión social. En este sentido, “salvo ciertos pagos parciales, las sentencias siguen sin ejecutarse hasta el momento”. 4. En particular, señala que con base en dos decretos con fuerza de ley de 1979 y 1980, el Estado traspasó al sector municipal a los docentes anteriormente adscritos al Ministerio de Educación, de acuerdo con los principios de descentralización y privatización del gobierno militar de la época. Indica que la medida fue una decisión política del gobierno militar, por lo que las disposiciones que regularon el proceso se hicieron imperativas y no voluntarias para los profesores y los municipios, “no existiendo a esa época ningún mecanismo para objetar o impedir el proceso iniciado, ni siquiera el de la movilización social y el reclamo público”. 5. Alega que como consecuencia de la municipalización de la educación pública, los docentes dejaron de percibir asignaciones previsionales para servidores públicos previstas en otro Decreto Ley de 1981, pues su pago fue suspendido unilateralmente por los municipios. En consecuencia, una vez restablecida la democracia Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Antonia Urrejola, de nacionalidad chilena, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso. 2 El 29 de marzo de 2018, el peticionario Juan Pablo Olmedo informó a la CIDH su renuncia a la representación del presente caso. 3 CIDH. Informe No. 28/13. Petición 1345-05. Admisibilidad. Profesores de Chañaral (Chile). 20 de marzo de 2013. Artículos admisibles: 8.1, 21 y 25 de la Convención Americana. Artículo inadmisible: 26 de la Convención Americana. 4 Mediante carta de fecha 23 de marzo y 9 de mayo de 2017, la parte peticionaria y el Estado, respectivamente, señalaron su interés en llegar a una solución amistosa en el caso. La parte peticionaria informó su voluntad de cerrar el procedimiento de solución amistosa mediante carta de fecha 6 de octubre de 2017, y la Comisión cerró el procedimiento con fecha efectiva de 6 de diciembre de 2017. El Estado solicitó dejar sin efecto el cierre del procedimiento el 18 de diciembre de 2017. 1

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