4.
El escrito de 8 de febrero de 2021, mediante el cual el Estado alegó que
“corresponde al nuevo magistrado competente la decisión sobre los planteamientos que
pudieran presentar las partes […], además de valorar la información que obra en el
expediente, entre las que se encuentran [las resoluciones que la Corte ha dictado en el
presente asunto]”. Además, señaló que “no se ha arrimado evidencia alguna que permita
suponer una turbación a la ‘integridad física, síquica, psicológica o moral’ de la señora
Arrom”, así como que “no existen previsiones reglamentarias que permitan suponer que
caben obligaciones de pago de honorarios”. Por tanto, el Estado solicitó que “no se
adopten las medidas requeridas por el representante, reiterando el compromiso de
mantener informada a la Corte Interamericana sobre las medidas adoptadas por el Poder
Judicial”.
5.
El escrito de 17 de febrero de 2021, mediante el cual el representante informó que
se fijó la audiencia para el 19 de marzo de 2021 y que “se encuentra en trámite ante la
Corte Suprema de Justicia una acción de Inconstitucionalidad, cuyo efecto es la
suspensión de todo trámite en relación con el actual proceso, los mismos jueces
proceden a violar su propio derecho interno prosiguiendo en forma arbitraria y contra
todo derecho, la querella penal contra Cristina Arrom”. Además, resaltó que los jueces
paraguayos tienen la obligación de cumplir con el derecho interno y el derecho
internacional.
CONSIDERANDO:
1.
Paraguay es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(en adelante “Convención Americana”) desde el 24 de agosto de 1989 y reconoció la
competencia contenciosa de la Corte el 11 de marzo de 1993.
2.
La Corte recuerda que el artículo 53 del Reglamento de la Corte2, prohíbe, en
general, el “enjuicia[miento]” o la adopción de “represalias” a causa de las
“declaraciones o [la] defensa legal” ante este Tribunal. Al interpretar dicha norma, la
Corte ha afirmado que “su finalidad es garantizar que quienes intervienen en el proceso
ante la Corte puedan hacerlo libremente, con la seguridad de no verse perjudicados por
tal motivo”3. Ante la importancia de este precepto, el Secretario de la Corte da lectura
al artículo del Reglamento en cada oportunidad que una persona declara ante este
Tribunal, tal como lo hizo en la audiencia pública del caso Arrom Suhurt y otros Vs.
Paraguay.
3.
En sus resoluciones de 14 de marzo y 26 de noviembre de 2019 (supra visto 1)
este Tribunal constató que la querella instaurada en contra de la señora Arrom Suhurt
estaba directamente relacionada con lo declarado por ella en la audiencia pública
realizada en el caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay4. Asimismo, la Corte señaló que
el artículo 53 del Reglamento prohíbe el “enjuiciamiento” de declarantes y, en
De acuerdo con el artículo 53 del Reglamento de la Corte “[l]os Estados no podrán enjuiciar a las
presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales ni ejercer represalias
contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la
Corte”.
2

Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 456,
y Caso I.V. Vs. Bolivia. Rechazo de la Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 25 de mayo de 2017, considerando 14.
3

Cfr. Caso Arrom Suhurt y otros. Solicitud respecto a Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2019, considerando 4, y Asunto Cristina Arrom Suhurt y otros.
Solicitud respecto a Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de
noviembre de 2019, considerando 3.
4

2

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