14 de junio de 2020 REF.: Caso Nº 12.268 Gonzalo Orlando Cortez Espinoza Ecuador Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso No. 12.268 – Gonzalo Orlando Cortez Espinoza, de la República de Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado ecuatoriano” o “Ecuador”) relacionado con la ilegalidad y arbitrariedad de tres detenciones llevadas a cabo en contra del militar retirado Gonzalo Cortez Espinoza en 1997 y 2000, afectaciones a su integridad física y vulneraciones al debido proceso en el marco de un proceso penal que se le siguió por “infracciones contra la propiedad”. En su Informe de Fondo la Comisión determinó que la primera detención fue ilegal en tanto el Estado no explicó las razones por las cuales la Fiscalía Militar tenía competencia para emitir la orden de arresto del señor Cortez, especialmente tomando en cuenta su calidad de militar retirado. En cuento a la segunda y tercera detención, la CIDH consideró que éstas también fueron ilegales en tanto no se le exhibió una orden de detención y no fue informado de los motivos de su detención. La Comisión también identificó que el señor Cortez estuvo bajo detención preventiva entre el 30 de julio y el 19 de diciembre de 1997, y entre el 28 de febrero y el 11 de mayo de 2000. La CIDH concluyó que ninguna de estas detenciones preventivas contó con una motivación individualizada sobre los fines procesales que se pretendían perseguir. La Comisión identificó que se desprende que la fundamentación de las mismas fue la existencia de indicios de responsabilidad. En consecuencia, la Comisión concluyó que ambas detenciones preventivas fueron arbitrarias. Asimismo, en relación con la detención que inicio en julio de 1997, la Comisión observó que el señor Cortez no interpuso un recurso de habeas corpus. Sin embargo, la Comisión recordó que, conforme a la legislación vigente al momento de los hechos, tal recurso debía interponerse ante el Alcalde. Al respecto, la CIDH resaltó que un hábeas corpus ante una autoridad administrativa no constituye un recurso efectivo bajo los estándares de la Convención Americana. En consecuencia, la CIDH consideró que el señor Cortez no contó con la posibilidad de interponer un recurso judicial que cumpliera con las características requeridas por la Convención Americana para revisar la legalidad de la detención. Respecto de la detención de 28 de febrero de 2000, la Comisión observó que, si bien el señor Cortez fue liberado el 11 de mayo del mismo año como consecuencia de una decisión del Tribunal Constitucional, esto ocurrió tras haber interpuesto dos recursos de habeas corpus rechazados por el Alcalde y más de dos meses después de la detención. En ese sentido, la Comisión concluyó que el recurso de habeas corpus respecto de la detención del año 2000 no cumplió con los estándares de sencillez y rapidez. Señor Pablo Saavedra Alessandri Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica

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