14 de junio de 2020
REF.:

Caso Nº 12.268
Gonzalo Orlando Cortez Espinoza
Ecuador

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso
No. 12.268 – Gonzalo Orlando Cortez Espinoza, de la República de Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado
ecuatoriano” o “Ecuador”) relacionado con la ilegalidad y arbitrariedad de tres detenciones llevadas a cabo en
contra del militar retirado Gonzalo Cortez Espinoza en 1997 y 2000, afectaciones a su integridad física y
vulneraciones al debido proceso en el marco de un proceso penal que se le siguió por “infracciones contra la
propiedad”.
En su Informe de Fondo la Comisión determinó que la primera detención fue ilegal en tanto el Estado no
explicó las razones por las cuales la Fiscalía Militar tenía competencia para emitir la orden de arresto del señor
Cortez, especialmente tomando en cuenta su calidad de militar retirado. En cuento a la segunda y tercera
detención, la CIDH consideró que éstas también fueron ilegales en tanto no se le exhibió una orden de detención
y no fue informado de los motivos de su detención. La Comisión también identificó que el señor Cortez estuvo
bajo detención preventiva entre el 30 de julio y el 19 de diciembre de 1997, y entre el 28 de febrero y el 11 de
mayo de 2000. La CIDH concluyó que ninguna de estas detenciones preventivas contó con una motivación
individualizada sobre los fines procesales que se pretendían perseguir. La Comisión identificó que se desprende
que la fundamentación de las mismas fue la existencia de indicios de responsabilidad. En consecuencia, la
Comisión concluyó que ambas detenciones preventivas fueron arbitrarias.
Asimismo, en relación con la detención que inicio en julio de 1997, la Comisión observó que el señor
Cortez no interpuso un recurso de habeas corpus. Sin embargo, la Comisión recordó que, conforme a la
legislación vigente al momento de los hechos, tal recurso debía interponerse ante el Alcalde. Al respecto, la
CIDH resaltó que un hábeas corpus ante una autoridad administrativa no constituye un recurso efectivo bajo
los estándares de la Convención Americana. En consecuencia, la CIDH consideró que el señor Cortez no contó
con la posibilidad de interponer un recurso judicial que cumpliera con las características requeridas por la
Convención Americana para revisar la legalidad de la detención. Respecto de la detención de 28 de febrero de
2000, la Comisión observó que, si bien el señor Cortez fue liberado el 11 de mayo del mismo año como
consecuencia de una decisión del Tribunal Constitucional, esto ocurrió tras haber interpuesto dos recursos de
habeas corpus rechazados por el Alcalde y más de dos meses después de la detención. En ese sentido, la
Comisión concluyó que el recurso de habeas corpus respecto de la detención del año 2000 no cumplió con los
estándares de sencillez y rapidez.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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