Adicionalmente, la Comisión dio por establecida la incomunicación durante 19 días que sufrió el señor Cortez mientras estaba privado de libertad. La CIDH consideró que ello resultó violatorio del derecho a la integridad personal y constituyó una amenaza de que se cometan otras violaciones de derechos humanos en situación de total indefensión, tales como los maltratos alegados por el señor Cortez. En ese sentido, aunque no resultó posible establecer en detalle los maltratos sufridos por la víctima, la CIDH consideró que la situación de incomunicación y la exposición a maltratos adicionales sin control judicial alguno por un periodo como el descrito constituyó una afectación a la integridad personal. La Comisión identificó las siguientes vulneraciones a las garantías judiciales y protección judicial cometidas por el Estado en el marco del proceso penal seguido en contra del señor Cortez: i) violación del derecho a ser juzgado por autoridad competente en tanto el señor Cortez fue juzgado por la justicia penal militar durante dos años y nueve meses, no obstante era un militar retirado; ii) violación del derecho de defensa en tanto las declaraciones indagatorias del señor Cortez se realizaron sin defensa técnica y sin conocer los cargos que se le imputaban; iii) violación del principio de presunción de inocencia en tanto el Estado no fundamentó sobre las razones con base en las cuales era procedente continuar el proceso penal en contra del señor Cortez y no dar lugar a la solicitud de sobreseimiento incluida en el dictamen de la parte acusadora; y iv) violación del plazo razonable debido a la duración 12 años y seis meses del proceso penal. Finalmente, la Comisión concluyó que el Estado vulneró el derecho a la propiedad privada del señor Cortez debido al pago de una fianza de 1500 dólares estadounidenses a efectos de obtener su libertad. La Comisión consideró que ya estableció que i) la detención dictada en dicha oportunidad fue arbitraria y constituyó una violación a la presunción de inocencia por no basarse en fines procesales; y ii) que el señor Cortez no debió ser procesado en la jurisdicción penal militar, por lo que todas las decisiones adoptadas en el marco de dicha jurisdicción que afectaron sus derechos, deben entenderse inconvencionales. El Estado de Ecuador ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. La Comisión ha designado a la Comisionada Antonia Urrejola Noguera y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus delegados. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores y Erick Acuña Pereda, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesores legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo No. 13/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 13/19 (Anexos). Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 14 de marzo de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento por parte de la CIDH de cuatro prórrogas de tres meses cada una, el 29 de mayo de 2020 el Estado solicitó una quinta prórroga. Al evaluar dicha solicitud, la Comisión tuvo en cuenta que, a un año y tres meses de notificado el Informe de Fondo, el Estado no había aún presentado una propuesta de reparación a la parte peticionaria. Asimismo, la Comisión tuvo en cuenta que ésta solicitó expresamente el envío del caso a la Corte debido a la falta de acciones claras del Estado para cumplir con la primera recomendación y a que la información brindada respecto de la segunda recomendación no responde al Informe de Fondo, sino que son anteriores al mismo. En virtud de dichas consideraciones, y ante la necesidad de obtención de justicia para la víctima, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y propiedad privada, establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.2 b), 8.2 d) y 21 de la Convención Americana en relación con obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Gonzalo Cortez Espinoza. 2

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