En cuanto a los procesos internos, entre 1998 y 2001 la investigación y proceso judicial en
contra de los posibles responsables, fueron seguidos por la justicia penal militar, en violación a los
principios de independencia e imparcialidad. El hecho de que las diligencias esenciales para el
esclarecimiento de los hechos fueron realizadas durante dicha época por parte de autoridades
penales militares carentes de independencia e imparcialidad, así como las graves omisiones en que
incurrieron dichas autoridades en una etapa crucial de la investigación, constituyeron factores de
impunidad que obstaculizaron la determinación de la verdad y la eventual sanción a los responsables.
Además, la Comisión encontró múltiples irregularidades que demuestran la falta de debida
diligencia en la investigación: i) el lugar donde tuvo lugar la muerte de Johan Alexis Ortiz estuvo en
todo momento bajo control de miembros de la Guardia Nacional, sin que se hubieran adoptado
medidas para preservar la escena del crimen y asegurar la cadena de custodia de la evidencia; ii)
existen inconsistencias sobre las características de los proyectiles extraídos del cuerpo de la víctima,
sin que las mismas hubieran sido esclarecidas; iii) no se realizó en ningún momento de la
investigación una prueba de balística; iv) la acusación fiscal incorpora información contradictoria al
informe de la patóloga que practicó la autopsia en cuanto a la causa de las heridas, sin que exista
explicación alguna sobre tal contradicción; v) no fueron esclarecidas las discrepancias en los informes
médicos relativos al tiempo en que Johan Alexis Ortiz estuvo en el hospital; vi) a pesar de que desde el
inicio surgieron serias dudas sobre si el uniforme colectado en la investigación de la Fiscalía Militar
era el que portaba la víctima al momento de resultar herido, la experticia respectiva se llevó a cabo en
2005, siete años después de ocurridos los hechos; vii) la exhumación fue realizada de manera tardía y
no se efectuaron diligencias respecto de los restos óseos y las denuncias de posibles torturas; y viii)
existen inconsistencias sobre los resultados de la prueba de luminol.
Como parte del incumplimiento del deber de investigar con debida diligencia, la Comisión
también destacó que las líneas de investigación tanto en la justicia penal militar, como en la justicia
ordinaria, han sido guiadas por la versión principal dada por las autoridades militares desde el
primer momento, esto es, el carácter accidental del hecho. A pesar de que surgieron indicios sobre
otras posibles hipótesis, las autoridades investigativas no profundizaron en explorar otras
posibilidades sobre lo sucedido a la víctima. Además, la Comisión concluyó el incumplimiento de la
garantía de plazo razonable.
Finalmente, la Comisión estableció que no obstante las reiteradas denuncias de supuestos
actos de tortura ocurridos antes de la muerte de Johan Alexis Ortiz, tampoco fueron investigadas a
nivel interno.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 9 de agosto de 1997
y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981. El Estado denunció la
Convención Americana el 10 de septiembre de 2012. Los hechos del presente caso tuvieron lugar
antes del 10 de septiembre de 2013, fecha en que entró en vigencia la denuncia de la Convención
Americana. Asimismo, el Estado ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura el 26 de agosto de 1991.
La Comisión ha designado al Comisionado Felipe González y al Secretario Ejecutivo Emilio
Álvarez Icaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta
y Silvia Serrano Guzmán y Selene Soto Rodríguez, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH,
actuarán como asesoras legales.

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