realizar el pago de una indemnización compensatoria al señor Galindo (infra
Considerandos 11 y 14).
2.
La Sentencia de Interpretación de la Sentencia, emitida por la Corte el 21 de
noviembre de 2016 2.
3.
Los escritos presentados por el Estado entre diciembre de 2016 y julio de 2020 3,
y sus anexos, mediante los cuales informó sobre el cumplimiento de la Sentencia.
4.
Los escritos de observaciones presentados por el representante de las víctimas
(en adelante “el representante”) 4 entre enero y septiembre de 2017, y los presentados
por el señor Galindo Cárdenas entre septiembre de 2017 y enero de 2020.
5.
Los escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) entre
abril de 2017 y enero de 2018.
6.
El escrito de 21 de agosto de 2020 y sus anexos, mediante los cuales el señor
Galindo Cárdenas, “en [su] condición de [v]íctima del [presente] caso”, solicitó la
adopción de “medidas provisionales en el marco de cumplimiento de sentencia” a su
favor 5. Fundó la solicitud en lo siguiente:
i.

ii.

La alegada “ausencia de garantías judiciales” en el marco de la
investigación preliminar iniciada en sede interna por la Fiscalía
Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad
de Huánuco por la presunta comisión del delito de tortura y contra la
libertad personal en su agravio. Indicó que “recién [le fue] notificada […]
el 12/08/2020” la resolución emitida el 14 de febrero de este año,
mediante la cual el Fiscal Provincial Adjunto a cargo de la causa, “después
de un largo e irregular proceso investigatorio, de 8 ocho años de
duración”, “superando todos los plazos [judiciales] razonables”, dispuso
su archivo definitivo. Añadió que en dicha resolución el fiscal a cargo
“efectuó un sesgado y defectuoso análisis de los hechos, respecto a la
participación directa y personal del entonces Presidente de la República
[…] y de la Fiscal de la Nación, a pesar de existir certeras e indubitables
pruebas[,…] así como de otros agentes del Estado peruano”. Explicó que
no ha impugnado la referida resolución de archivamiento “en razón de la
ausencia de garantías judiciales en sede interna”. Afirmó que el
archivamiento de la investigación constituye un acto “de encubrimiento e
impunidad, así como de desacato a lo dispuesto en sede supranacional”.
El alegado “incumplimiento de la reparación material o económica […], no
obstante el tiempo transcurrido para su cumplimiento oportuno, [de]
aproximadamente 5 años, [y…] los reiterados requerimientos formales

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_323_esp.pdf.
En el informe que presentó el 29 de julio de 2020, el Perú solicitó a la Corte que declare el
cumplimiento de las reparaciones dispuestas en los puntos resolutivos noveno, décimo y décimo primero de
la Sentencia. Dicho informe fue transmitido al representante de las víctimas y a la Comisión Interamericana y
se les otorgaron plazos para presentar observaciones al mismo, los cuales vencen los días 8 y 22 de septiembre
de 2020, respectivamente. En una posterior Resolución, la Corte valorará esta información.
4
El señor Galindo Cárdenas se encuentra representado por Richard M. Rocha.
5
El escrito fue presentado por la propia víctima, no se encuentra firmado por su representante.
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