INTRODUCCIÓN 1
El 2 de noviembre de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos” y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional - CEJIL (en adelante “la parte peticionaria”) 2 en la cual se alegó la responsabilidad
internacional de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado mexicano”, “el Estado” o “México”) en
perjuicio de Digna Ochoa y Plácido y su familia por la alegada falta de investigación diligente y efectiva de su
muerte.

La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 57/13 el 16 de julio de 2013 3. El 5 de agosto de
2013 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución
amistosa sin que se dieran las condiciones para iniciar dicho procedimiento. Las partes contaron con los
plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la información
recibida fue debidamente trasladada entre las partes 4.
ALEGATOS DE LAS PARTES

Parte peticionaria
Señaló que Digna Ochoa y Plácido (en adelante “la señora Ochoa” o “Digna Ochoa”) fue encontrada sin
vida el 19 de octubre de 2001, que su cuerpo mostraba señales de violencia y que su muerte fue provocada
por disparos de arma de fuego, uno de ellos en su cabeza. Según la parte peticionaria su muerte fue el
corolario de una serie de ataques sufridos y no investigados los años previos a su fallecimiento. Asimismo,
indicó que las investigaciones sobre su muerte descartaron cualquier hipótesis criminal y concluyeron
erróneamente que se trató de un suicidio. La parte peticionaria alegó también que los ataques y la muerte de
Digna Ochoa forman parte de un contexto de violencia contra defensores de derechos humanos en México
existente desde la década de los noventa. Asimismo, indicó que este contexto se encuentra caracterizado
también por la falta de investigación y sanción de los autores de los crímenes contra los defensores de
derechos humanos.

En relación con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, la parte peticionaria
indicó que el Estado incumplió su deber de investigar diligentemente la muerte de Digna Ochoa, dado que
ocurrieron falencias en la investigación que dificultaron su desarrollo y que culminaron en una decisión
incoherente, adoptada en violación del plazo razonable, en el marco de un proceso en el que no se respetó el
derecho de participación de la familia. Esta situación vulneró el derecho de los familiares, y de la sociedad en
su conjunto, de conocer la verdad sobre los hechos ocurridos contra Digna Ochoa.
En relación con la falta de debida diligencia, la parte peticionaria indicó detalladamente sobre
deficiencias en la cadena de custodia de la prueba, insuficiencia de diligencias practicadas sobre el cuerpo y la
herida mortal en relación con la evidencia fotográfica, la brevedad del examen de autopsia, el uso de
metodologías no adecuadas para la toma de muestras, entre otros. Asimismo, existen inconsistencias y
versiones contradictorias en relación con las pruebas de pólvora en las manos de la señora Ochoa, así como
un análisis incompleto respecto de los signos de forcejeo y violencia evidentes en el lugar de los hechos, y la

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, el Comisionad Joel Hernández García, de nacionalidad
mexicana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
2 Con posterioridad la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A. C. se incorporó como parte peticionaria.
3 CIDH. Informe No. 57/13. Petición 12.229. Admisibilidad. Digna Ochoa y otros (México). 16 de julio de 2013. La Comisión declaró
admisibles los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, e inadmisibles los artículos 2, 4, 7 y 11 del mismo instrumento, y los
artículos 1, 2 y 3 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
4 El 9 de septiembre de 1999 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Digna Ochoa y Edgar Cortez por el grave riesgo a su vida e
integridad debido a la recepción de amenazas en sus centros de trabajo y otros ataques experimentados por los beneficiarios, las mismas
que fueron declaradas cerradas el 20 de agosto de 2015. Tras el agravamiento de la situación descrita, el 11 de noviembre de 1999 la
CIDH solicitó ante la Corte IDH el otorgamiento de medidas provisionales, las que fueron dictadas favorablemente el 17 de noviembre de
1999. Las medidas provisionales fueron levantadas mediante resolución de 28 de agosto de 2001.
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