RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ∗
DE 28 DE ENERO DE 2015
CASO ACEVEDO BUENDÍA Y OTROS
(“CESANTES Y JUBILADOS DE LA CONTRALORÍA”) VS. PERÚ
SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:
1.
La Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas (en adelante “la
Sentencia”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 1 de julio de 2009, mediante la cual la
Corte declaró que la República del Perú (en adelante ‘‘el Perú’’ o ‘‘el Estado’’) violó el
derecho a la protección judicial porque habían transcurrido más de ocho años sin que
hubiere cumplido con lo ordenado en las sentencias de amparo dictadas por el Tribunal
Constitucional del Perú a favor de los 273 integrantes de la Asociación de Cesantes y
Jubilados de la Contraloría General de la República del Perú (en adelante “la Contraloría” o
“la Contraloría General”) 1. Asimismo, el Tribunal consideró que la prolongada e injustificada
inobservancia de las decisiones jurisdiccionales internas derivó en la violación al derecho a la
propiedad de estas personas, quienes se encontraban acogidos al régimen de pensiones
regulado por el Decreto Ley No. 20530 2 que establecía una pensión de jubilación nivelable
progresivamente con la remuneración del titular en actividad que ocupara el mismo puesto o
función análoga a la que ellas desempeñaban a la fecha de su jubilación. Entre los meses de
abril de 1993 y octubre de 2002 las víctimas dejaron de percibir la pensión nivelable.
Mediante sentencias de 21 de octubre de 1997 y 26 de enero de 2001 el Tribunal
Constitucional del Perú declaró que la aplicación de una normativa contraria a la
Constitución entonces vigente restringió indebidamente el derecho a una pensión nivelable
que habían adquirido las víctimas y ordenó, entre otras cosas, el pago de montos
pensionarios que las víctimas dejaron de percibir entre los referidos nueve años y seis
meses 3. La Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y,
adicionalmente, ordenó al Estado determinadas medidas de reparación (infra Considerandos
1 y 2).

∗
El Juez Diego García Sayán, de nacionalidad peruana, no participó en el conocimiento y deliberación de la
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte. El Presidente
de la Corte, Juez Humberto Antonio Sierra Porto, no participó en la deliberación y firma de la presente Resolución
por motivos de fuerza mayor, por lo cual presidió el Vicepresidente del Tribunal, Juez Roberto F. Caldas.
1
El texto completo de la Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas se encuentra
disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_198_esp.pdf
2
Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles Prestados al Estado no Comprendidos por el
Decreto-Ley No. 19990.
3
La Corte consideró que ‘‘el derecho a la pensión nivelable que adquirieron las víctimas, de conformidad con
la normativa peruana aplicable, generó un efecto en el patrimonio de éstas, quienes recibían los montos
correspondientes cada mes. Tal patrimonio se vio afectado directamente por la reducción de manera ilegal, según lo
señalado por el Tribunal Constitucional, en el monto recibido entre abril de 1993 y octubre de 2002”.

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