8 de agosto de 2019
REF.:

Caso No. 12.829
Olimpiades González y otros
Venezuela

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Caso No. 12.829 – Olimpiades González y otros respecto de la República Bolivariana de
Venezuela (en adelante en adelante “el Estado venezolano”, “el Estado” o “Venezuela”).
El presente caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria de Olimpiades González y sus
familiares María Angélica González, Belkis Mirelis González, Fernando González, Wilmer Antonio Barliza y
Luis Guillermo González en noviembre de 1998 y enero de 1999, por parte de agentes estatales. La CIDH
consideró que no consta en el expediente documento alguno que acredite que al momento de dichas
detenciones existía una orden judicial individualizada en contra de dichas personas por parte de autoridad
competente. En cuanto a la posibilidad de flagrancia, la Comisión indicó que el Estado no ha invocado tal
causal ni existen elementos que indiquen que al momento de las detenciones esta causal estuviese
configurada. Asimismo, la CIDH observó que dichas personas fueron sometidas a una detención preventiva en
el marco de un proceso penal por el delito de homicidio, conforme al artículo 182 del Código de
Enjuiciamiento Criminal entonces vigente. Al respecto, la Comisión resaltó que dicha disposición no exigía la
existencia de fines procesales para dictar la detención preventiva. Por el contrario, establecía como suficiente
la existencia de indicios de responsabilidad de un delito que mereciera pena privativa de libertad. La CIDH
consideró que dicha norma se constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, en violación tanto
del derecho a la libertad personal como al principio de presunción de inocencia.
La Comisión también concluyó lo siguiente: i) el tiempo en que cuatro de las víctimas estuvieron
detenidas bajo la figura de la detención preventiva resultó irrazonable debido a que su duración no estuvo
acompañada de una revisión periódica de la subsistencia de las razones convencionalmente válidas para
mantenerla durante dicho periodo; ii) los recursos presentados por las víctimas a efectos de cuestionar su
detención no fueron idóneos ni efectivos para obtener una debida protección judicial; y iii) se vulneró el
derecho de las víctimas, en su calidad de personas procesadas, a no estar junto con personas condenadas.
Adicionalmente, la CIDH consideró que el Estado es responsable por el asesinato de Olimpiades
González en diciembre de 2006. Ello debido a que, a pesar de la situación de riesgo que denunció la víctima
ante las autoridades públicas, el Estado no realizó diligencias en el marco de una investigación, no realizó un
estudio de riesgo para conocer la situación actual del señor González y no adoptó medidas de protección a su
favor. La Comisión advirtió que la falta de protección puede darse cuando el Estado deja a una persona en
situación de indefensión y, por lo tanto, facilita la ocurrencia de violaciones de derechos humanos en su
perjuicio, en abierto desconocimiento del deber de prevención. La Comisión concluyó que en este marco de
indefensión el señor González fue asesinado, presuntamente por parte de alguien vinculado a las fuentes de
riesgo denunciadas por él.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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