B. Pago de indemnizaciones compensatorias y reintegro de costas y gastos B.1. Medidas ordenadas por la Corte 8. En el punto resolutivo séptimo y en los párrafos 194 y 201 de la Sentencia, la Corte dispuso que el Estado debía pagar: i) la suma de US$ 350.000 (trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) como indemnización compensatoria para cada uno de los señores Canales y Castro, así como la suma de US$ 90.000 (noventa mil dólares de los Estados Unidos de América) como indemnización compensatoria a favor de la señora Barriga14, y ii) la cantidad total de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada una de las víctimas, por concepto de reintegro de costas y gastos. Asimismo, en los párrafos 206 a 211 del Fallo, la Corte realizó disposiciones sobre la modalidad de cumplimiento de los referidos pagos. Entre ellas, estableció que: “[e]l Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial, así como el reintegro de las costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas indicadas en la misma, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del […] Fallo”; que “[e]n caso de que los beneficiarios fallezcan, antes de que les sean entregadas las indemnizaciones respectivas, estas se efectuarán directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable”, y que “[e]n caso de que el Estado incurriera en mora, deberá́ pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en la República del Perú”. B.2. Consideraciones de la Corte 9. Con base en la información aportada por las partes, este Tribunal constata que las medidas relativas al pago de indemnizaciones compensatorias y reintegro de costas y gastos se encuentran pendientes de cumplimiento. Según lo informado por el Estado en septiembre de 2016, el problema fundamental para el cumplimiento de las presentes medidas radica en que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado (en adelante “el Consejo de Defensa” o “el Consejo”) debe tomar una decisión respecto de cuál es “la institución [estatal] que debe dar cumplimiento a esta obligación”. En este sentido, desde octubre de 2015 la Procuraduría Pública Especializada Supranacional presentó ante dicho Consejo “una propuesta para la determinación de las entidades responsables de cumplir con las reparaciones ordenadas”, sin que a la fecha se haya adoptado acuerdo alguno15. Entre la información más reciente presentada por el Perú, indicó que mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Defensa de 26 de febrero de 2019 se dispuso que un informe elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo, en el cual “se determinaron las responsabilidades antes mencionadas[,] [fuese] puesto en conocimiento de las entidades involucradas en el cumplimiento de tales reparaciones, a efecto que puedan formular sus observaciones[,] [l]o cual permitirá viabilizar el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de las reparaciones pecuniarias dispuestas por la Corte”16. 10. Al respecto, si bien es razonable que pudieran llegar a existir trámites internos para cumplir con las medidas de reparación ordenadas, para esta Corte resulta preocupante que la adopción de un acuerdo definitivo por parte del Consejo de Defensa Jurídica del Estado no se haya concretado durante el tiempo que ha transcurrido desde octubre de 2015. Este Tribunal coincide con las observaciones presentadas por los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas17 y la Comisión IDH18 en el sentido que, a más de cuatro 14 En el referido párrafo 194 de la Sentencia, el Tribunal señaló que dichas sumas a favor de las tres víctimas “comprenden el daño material, el daño inmaterial, lo señalado en el párrafo 190 [relativo a que a las víctimas les corresponde recibir una suma por los aportes pensionales que no ingresaron a su patrimonio como consecuencia del cese arbitrario] y los intereses aplicables”. 15 Cfr. Informe estatal presentado el 20 de septiembre de 2016. 16 Cfr. Informe estatal presentado el 20 de marzo de 2019. 17 Por un lado, los defensores interamericanos manifestaron que el Estado “hace un relato de una enorme burocracia estatal que […] no ha avanzado en nada sustancial”, y que dicho incumplimiento es “absolutamente -4-

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