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Caso Nº 13.082
Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente
Guatemala

7 de agosto de 2020

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
13.082 – Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente, de la República de Guatemala (en adelante “el
Estado”, “el Estado guatemalteco” o “Guatemala”). El caso se refiere a la responsabilidad internacional del
Estado en perjuicio de la Comunidad Maya Q’eqchi’ por la falta de legislación interna para garantizar su derecho
a la propiedad colectiva, el otorgamiento y establecimiento de un proyecto minero en su territorio, y la ausencia
de recursos adecuados y efectivos para demandar el amparo de sus derechos.
En su Informe de Fondo la CIDH observó que no existe controversia sobre el hecho que la Comunidad
Agua Caliente no cuenta con un título de propiedad colectiva sobre sus tierras y territorios ancestrales, a pesar
de múltiples gestiones realizadas por la comunidad durante más de cuatro décadas. La CIDH evidenció las
múltiples omisiones e irregularidades en la tramitación de la solicitud presentada por la comunidad para el
otorgamiento de un título de propiedad colectiva, así como la falta de mecanismos internos para hacer efectivo
el carácter colectivo de las tierras y territorios indígenas. Al respecto, la Comisión subrayó que la normativa
interna no solamente no reconoce el carácter colectivo de dichos territorios, sino que además se limita a
establecer la propiedad individual de sus miembros, lo cual resulta contrario a la propia cosmovisión de los
pueblos indígenas. Con base en ello, la CIDH concluyó que el Estado es responsable de la violación de los
derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica y del derecho a la propiedad colectiva.
Por otra parte, la CIDH observó además que no existe controversia respecto de que el Estado
guatemalteco otorgó una licencia de exploración y posteriormente de explotación para el proyecto minero
“Fénix”, el cual abarca parte del territorio de la Comunidad Maya Q’eqchi’ Agua Caliente. Señaló asimismo que
no existe información que acredite que el Estado cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada,
al otorgar permisos, licencias y concesiones para la realización de dicho proyecto minero en tierras de la
comunidad. La Comisión consideró que las omisiones en la elaboración del estudio de impacto ambiental, así
como de las licencias de exploración y explotación del proyecto minero constituyen una violación de los
derechos a la propiedad colectiva, al acceso a la información, y a participar en los asuntos susceptibles de
afectarles. Por último, la Comisión concluyó que se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y la
protección judicial en perjuicio de la comunidad.
El Estado de Guatemala depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos el 25 de mayo de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de
1987.
La Comisión ha designado a la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y al Secretario Ejecutivo
Paulo Abrão, como su delegada y delegado. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta,
Jorge Humberto Meza Flores y Erick Acuña, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como
asesora y asesores legales.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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