De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe de Fondo No. 11/20 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como
copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 11/20 (Anexos).
Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 7 de mayo de 2020, otorgándole un plazo de dos
meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 10 de julio de 2020 el Estado de
Guatemala solicitó una prórroga. Sin embargo, el Estado no renunció a interponer una excepción preliminar de
acuerdo a lo establecido en el artículo 46.1(b) del Reglamento de la Comisión, ni al momento de la solicitud de
la prórroga ni posteriormente. Con base en ello, y teniendo en cuenta la posición de la parte peticionaria, así
como la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas, la Comisión decidió someter el caso
a la jurisdicción de la Corte Interamericana.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de
Guatemala es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3 (reconocimiento de
la personalidad jurídica), 5.1 (integridad personal), 8.1 (garantías judiciales), 13 (libertad de pensamiento y
expresión), 21 (propiedad colectiva), 23 (derechos políticos), y 25.1 (protección judicial) de la Convención
Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de la Comunidad Maya
Q’eqchi’ Agua Caliente.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas
de reparación:
1. Adoptar a la mayor brevedad posible todas las medidas necesarias para hacer efectivo el
derecho a la propiedad colectiva y la posesión de la Comunidad Maya Q’eqchi’ Agua Caliente,
otorgar la titulación completa y el saneamiento efectivo de su territorio ancestral. El Estado
deberá asegurar que estas medidas sean conducentes para garantizar de manera efectiva la
libre determinación de los miembros de la Comunidad Maya Q’eqchi’ Agua Caliente y su
derecho a vivir de manera pacífica su modo de vida tradicional, conforme a su identidad
cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas.
2. Reparar integralmente las consecuencias de las violaciones declaradas en el informe de
fondo. En especial, los daños provocados a la Comunidad por la falta de titulación de su
territorio ancestral, así como los daños causados por el proyecto minero a su territorio.
3. Asegurar que toda medida legislativa o administrativa o proyecto, incluyendo aquellos
relacionados con concesiones y actividades empresariales, susceptible de afectar a la
Comunidad Maya Q’eqchi’ Agua Caliente no inicie o se continúe ejecutando mientras no se
haya cumplido con los estándares interamericanos en materia de consulta y consentimiento
previo, libre e informado.
4. Asegurar que de existir recursos judiciales pendientes interpuestos por la Comunidad
Maya Q’eqchi’ Agua Caliente, los mismos sean resueltos de manera pronta y efectuando un
control de convencionalidad conforme a las obligaciones internacionales del Estado bajo la
Convención Americana.
5. Adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para evitar
que en el futuro se produzcan hechos similares; en particular para asegurar contar con:
i) mecanismos rápidos y efectivos que garanticen el derecho de los pueblos
indígenas a reivindicar sus territorios ancestrales y a ejercer pacíficamente
su propiedad colectiva, mediante la titulación, demarcación, delimitación y
saneamiento.
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