3.
El Estado presentó diversas objeciones respecto a las declaraciones ofrecidas por los
representantes y los peritajes ofrecidos por la Comisión. Los representantes objetaron la
admisibilidad del peritaje propuesto por el Estado.
4.
La Presidenta considera conveniente recabar las declaraciones ofrecidas por las partes
que no han sido objetadas a efecto de que el Tribunal aprecie su valor en la debida oportunidad
procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana
crítica. Por consiguiente, la Presidenta admite las declaraciones de la madre, el padre, el hijo
mayor y el hijo menor de Manuela, presuntas víctimas en el presente caso y la declaración
pericial de José Mario Nájera Ochoa, todas propuestas por los representantes, según el objeto
y modalidad determinados en la parte resolutiva.
5.
Por otra parte, la Presidenta advierte la situación originada a causa de la pandemia por
la propagación del COVID-19, cuyos efectos son de público conocimiento y persisten en la
actualidad, conlleva obstáculos notorios para llevar a cabo una audiencia pública en la sede
del Tribunal. Resulta incierto el momento en que dichos obstáculos, que constituyen razones
de fuerza mayor, puedan ser subsanados.
6.
En virtud de lo anterior, la Presidenta ha decidido, en consulta con el Pleno de la Corte,
que es necesario convocar a una audiencia pública durante la cual se recibirán las
declaraciones que sean admitidas para ser realizadas en la audiencia pública, así como los
alegatos y observaciones finales orales, por medio de una plataforma de videoconferencia.
7.
A continuación, la Presidenta analizará en forma particular: a) las objeciones a las
declaraciones testimoniales ofrecidas por los representantes; b) la solicitud de sustitución de
un perito presentada por los representantes; c) las objeciones a las declaraciones periciales
ofrecidas por los representantes; d) la admisibilidad del peritaje ofrecido por el Estado; e) la
admisibilidad de las declaraciones periciales ofrecidas por la Comisión; f) la solicitud de prueba
realizada por los representantes, y g) la solicitud de la realización de una diligencia in situ.
A.

Objeciones a las
representantes

declaraciones

testimoniales

ofrecidas

por

los

8.
En su escrito de argumentos y pruebas, los representantes ofrecieron las declaraciones
de María Teresa Rivera, María Marina Pérez, Johana Iris Rosa Gutiérrez, Ena Vinda Munguía,
Alba Lorena Rodríguez y Teodora del Carmen Vásquez, mujeres salvadoreñas que habrían
sufrido emergencias obstétricas y fueron condenadas a prisión por homicidio agravado. Las
declaraciones versarían sobre “el contexto de discriminación, violencia, y criminalización de
emergencias obstétricas en El Salvador, conforme a su propia experiencia de vida,
especialmente en relación el estigma y tratamiento que recibió por parte del sistema de salud,
justicia y en el ámbito penitenciario durante [el tiempo que estuvo privada de libertad]”. El
Estado observó que las declarantes “no son testigos directos, indirectos o de referencia de
los hechos sometidos a conocimiento de la Corte en el presente caso”. Además, indicó que
“las declarantes no han sido enjuiciadas por emergencias obstétricas, ya que las emergencias
obstétrica[s] o complicaciones, en cualquier etapa del embarazo, no se encuentran tipificadas
como delito”. Asimismo, resaltó que el objeto de las declaraciones “versa sobre hechos que
no forman parte del marco fáctico del caso”. Por último, señaló que “las declarantes
propuestas han presentado una petición respecto de El Salvador ante la Comisión
Interamericana […], lo que eventualmente podría llegar al conocimiento de esta Corte, por lo
que sus declaraciones ante el Tribunal y la valoración de las mismas, implicaría adelantar el
conocimiento de un caso”.
9.
En relación con las observaciones del Estado, la Presidencia encuentra, en primer lugar,
que las declaraciones propuestas están relacionadas al contexto del caso y ese contexto forma
parte del marco fáctico, como se evidencia en los párrafos 32 y siguientes del Informe de
Fondo de la Comisión. En el actual momento procesal, no corresponde incluir o excluir hechos
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