13 corrijan los obstáculos que impidieron la implementación del primero, pero hasta ahora nada se ha logrado. Es buena noticia […] que la Corte radicó en la Sala Primera de Revisión un nuevo proyecto de Auto. Sin embargo esto se da en el momento en que los(as) magistrados(as) que impulsaron el primero y se comprometieron con el mismo ya dejan la Corte por vencimiento de su período y todo muestra que los(as) candidatos(as) a sucederlos obedecen a ideologías antidemocráticas”. B.1.3. Observaciones de la Comisión 30. Mediante escrito de 26 de enero de 2017, la Comisión notó con preocupación que la información presentada por el representante es sustancialmente diferente al panorama planteado por el Estado en cuanto a que se estaría atendiendo efectivamente la situación de seguridad de la Comunidad. En su escrito de 24 de abril de 2017, observó “con profunda preocupación la persistencia en las denuncias de supuestos seguimientos, amenazas de muerte, intimidación, destrucción de bienes, enfrentamientos y detonación de artefactos explosivos, casos de violencia sexual, entre otros”. […T]odos estos hechos reflejan la situación de extrema violencia que continúa afectando directamente a la Comunidad de Paz, y que ha sido consistentemente reportada a la Corte durante la vigencia de las presentes medidas. En dicho marco, […] not[ó] que se habría continuado manifestando y recrudeciendo en los últimos meses en los hostigamientos y amenazas de muerte que estarían recibiendo algunos miembros o representantes de la Comunidad, y la intimidación generalizada que estaría siendo proferida en contra de la Comunidad por parte de grupos armados ilegales”. La Comisión habría identificado a dichos grupos “como reductos de las estructuras paramilitares pese a los procesos de desmovilización”. Además, consideró especialmente problemático que la respuesta general ofrecida por las autoridades internas indica que las acciones que se están adoptando estarían siendo dirigidas principalmente a “comprobar” la presencia de tales grupos, lo cual no se corresponde con la situación que se ha venido denunciando. La Comisión llamó la atención sobre ciertos señalamientos genéricos en los informes del Estado, que afirman que los pobladores no tienen conocimiento de la presencia de grupos armados, pese a que el propio Ejército reconoce que no ha podido acceder en todo momento a la zona. También se han reportado serios indicios de que los propios agentes de seguridad estarían actuando en connivencia con grupos armados ilegales. 31. Por otra parte, en su escrito de 17 de marzo de 2016, la Comisión sostuvo que la cercanía de la base militar a la escuela de la Comunidad pareciera afectar a la población beneficiaria, en vez de protegerla. Destacó que no solo se pondría en un mayor riesgo a los niños y niñas que van a la escuela, sino a la Comunidad en general puesto que, según la Comisión, ya han existido ataques a la base generando angustia y temor entre los pobladores. Asimismo, la Comisión observó con preocupación que el Estado sostenga que la Comisión “en ningún momento ha presentado argumentos de orden técnico o jurídico que sostengan su posición de reubicar dicha base”. La Comisión recordó que conforme a las disposiciones del derecho internacional humanitario, los Estados deben procurar no instalar bases militares en lugares cercanos a donde se encuentra la población civil. 32. Por otro lado, mediante escrito de 20 de mayo de 2016, la Comisión observó con preocupación las declaraciones de miembros del Ejército, incluyendo al Comandante de la Brigada XVII, en donde se vincularía a personas beneficiarias con grupos guerrilleros como las FARC y se les califica como ‘bandidas’. La Comisión consideró que declaraciones de este tipo constituyen en sí mismas una fuente de riesgo. Según la Comisión, dicha situación se acrecienta en este asunto en tanto las personas que habrían emitido dichas declaraciones están a cargo de brindar medidas de protección a las personas beneficiarias. En consecuencia, solicitó a la Corte que requiera al Estado información detallada sobre las medidas adoptadas frente a las declaraciones vertidas por miembros del Ejército.