4. Emprender, o bien, desarrollar las investigaciones administrativas, civiles o penales según
corresponda en forma diligente para deducir las responsabilidades de funcionarios o terceros
respecto a la contaminación ambiental en La Oroya que afectó el derecho a la salud de las
víctimas del presente caso. Igualmente, agotar mecanismos dirigidos a deducir eventuales
responsabilidades de la empresa respectiva en relación con la contaminación ambiental en La
Oroya.
5.
Tomar medidas para evitar la repetición de los hechos del presente caso, en particular:
a. Disponer medidas de remediación del daño ambiental, con la participación de las
víctimas y que tenga como eje central los contenidos del derecho al medio ambiente y la
salud. En particular realizar un estudio que establezca acciones que deben instrumentarse
en el corto y largo plazo para remediar la contaminación ambiental en La Oroya y asegurar
su implementación efectiva;
b. Compatibilizar los estándares de calidad de aire a nivel interno con los parámetros
internacionales y de acuerdo a las obligaciones estatales de progresividad en la protección
de los DESCA;
c. Asegurar que los valores de referencia que miden los niveles de plomo, arsénico,
cadmio y otros metales tóxicos en las personas sean compatibles con los parámetros
internacionales establecidos por las autoridades especializadas y las obligaciones de
progresividad del Estado;
d. Asegurar la efectiva fiscalización y cumplimiento de los programas de adecuación y
manejo ambiental y en particular que las prórrogas o modificaciones que se realicen a los
mismos obedezcan a criterios justificados a la luz de un enfoque de derechos humanos;
e. Poner en marcha sistemas de alerta de emergencia efectivos en casos de actividades
peligrosas que aseguren que funcionarios públicos tomen medidas para prevenir
afectaciones a salud y al medio ambiente e incluya la obligación de proporcionar
información a la población local;
f. Asegurar que el sistema de salud para los pobladores en La Oroya cuente con
programas y servicios especializados que atiendan de manera efectiva las afectaciones a
la salud que derivan de la contaminación ambiental. Igualmente deberá tomar en cuenta
las necesidades particulares cuando se trate de niños y niñas o se trate de pacientes que
presenten alguna otra condición de vulnerabilidad;
g. Crear e implementar con la participación de las víctimas, un plan destinado a generar
oportunidades y alternativas de desarrollo sostenible en la localidad de La Oroya que
tenga en cuenta los derechos humanos y
h. Disponer de medidas vinculantes que exijan, promuevan y orienten a las empresas
que desarrollan actividades de minería y metalurgia a realizar la debida diligencia en
materia de derechos humanos dentro de sus procesos u operaciones respecto a los
derechos al medio ambiente sano y salud de conformidad con los estándares del presente
informe. Tales medidas deben comprender indicadores que permitan al Estado verificar
el cumplimiento por parte de las empresas y hacer rendir cuentas a estas ante sus
impactos negativos de manera oportuna.
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