este caso4. En la Sentencia, el Tribunal dispuso que el Estado debía cumplir con su obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar. 2. La Resolución de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencias emitida por la Corte Interamericana el 12 de marzo de 2019 respecto de 14 casos en que ha emitido Sentencias contra Guatemala5 (infra Considerando 3)6. 3. Los escritos presentados el Estado el 12 de abril y el 11 de julio de 2019, mediante los cuales informó sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas en el punto resolutivo primero de la resolución de medidas provisionales (infra Considerando 4). 4. Los cuatro escritos presentados por la representante de las beneficiarias de las medidas provisionales7 entre junio y agosto de 20198, mediante los cuales remitió información relacionada con la implementación de las medidas provisionales ordenadas en el punto resolutivo primero y sus observaciones a lo informado por el Estado. 5. Las notas de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 15 de abril, 13 de mayo y 24 de julio de 2019, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se recordó al Estado el vencimiento del plazo dispuesto en la Resolución de medidas provisionales para que presentara información en relación con la implementación de la medida ordenada en el punto resolutivo segundo (infra Considerando 4), y se le otorgaron plazos adicionales para que remitiera dicho informe. Mediante la nota de 13 de mayo se le indicó que, aun cuando en el informe de cumplimiento de Sentencia del caso Molina Theissen incluyó información relativa al “trámite legislativo de la iniciativa de ley 5377” (infra Considerando 14), no indicó que ésta respondiera al pedido ordenado en el punto resolutivo segundo de la mencionada Resolución de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento, por lo que se le requirió que lo presentara a más tardar el 20 de mayo de 2019. En la Sentencia, la Corte observó que “[d]urante la audiencia pública del caso, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, ya que ‘la averiguación […] hasta ahora no ha presentado resultados positivos’. No especificó en perjuicio de quiénes reconocía dicha violación” y, por lo tanto, el Tribunal “decid[ió] aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad formulado por el Estado, en el sentido que violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”, no obstante lo cual “not[ó] que subsist[ía] la controversia en cuanto al alcance de dichas violaciones, así como en cuanto a quiénes fueron las personas perjudicadas por las mismas. También subsist[ía] la controversia en cuanto a las violaciones de los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23 y 24 de la Convención Americana, en relación [a]l artículo 1.1 de la misma; del artículo I de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, y del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, alegadas por la Comisión y/o los representantes”. Asimismo, la Corte consideró “que, ante la Comisión Interamericana, el Estado reconoció aquellos hechos comprobados ‘mediante los expedientes abiertos ante las instituciones de justicia nacional’ y que se encuentran documentados en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Asimismo, en su contestación el Estado no negó los hechos de este caso, ni su obligación de ‘resarcir a las víctimas’, sin embargo, opuso una excepción preliminar ratione temporis, alegando que la Corte carec[ía] de competencia para conocer de los mismos”. En virtud de lo anterior, la Corte “consider[ó] aceptados los hechos del caso”. Cfr. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra nota 1, párrs. 54 a 58. 5 Casos Bámaca Velásquez, Myrna Mack Chang, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Molina Theissen, Carpio Nicolle y otros, Tiu Tojín, Masacre de Las Dos Erres, Chitay Nech y otros, Masacres de Río Negro, Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar"), García y familiares, Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal y Coc Max y otros (Masacre de Xamán), en los que se ordenó la investigación, juzgamiento y. eventual, sanción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas o alegadamente ocurridas durante el conflicto armado interno. 6 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/aldeachichupac_12_03_19.pdf. 7 Asociación Bufete Jurídico Popular. 8 Escritos de 15 de mayo, 24 de junio, 1 y 26 de agosto de 2019. 4 2

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