10. La Presidenta advierte que la objeción del Estado, como este mismo lo refiere, tiene relación con los argumentos que sustentan la excepción preliminar opuesta y, a la postre, con la delimitación del marco fáctico del caso, cuestiones que forman parte de la controversia que la Corte deberá analizar y dilucidar. De esa cuenta, corresponderá al Tribunal en su conjunto, en el momento procesal oportuno, delimitar dicho marco fáctico y determinar los hechos del caso con base en la valoración de la prueba presentada, según las reglas de la sana crítica, así como establecer las consecuencias jurídicas que de estos se deriven, luego de considerar los argumentos de las partes y de la Comisión 9. En tal sentido, la Presidencia recuerda que disponer la recepción de una prueba no implica una decisión ni un prejuzgamiento en cuanto al fondo del caso10. Por consiguiente, en el actual momento procesal no corresponde excluir hechos que no resultan prima facie fuera del marco fáctico del caso11. 11. Así, la Presidenta considera que el objeto de la declaración de la señora Shirley Lourdes Quiñonez Bone, conforme a lo indicado en el escrito de solicitudes y argumentos, no se encuentra prima facie fuera del marco fáctico del caso, en tanto versaría sobre las circunstancias en que tuvo lugar el fallecimiento del señor Luis Eduardo Casierra Quiñonez y las lesiones producidas a los señores Andrés Alejandro y Darlin Sebastián, ambos de apellidos Casierra Quiñonez, así como respecto a las consecuencias derivadas de tales hechos para su familia. Como corolario, la objeción del Estado debe ser desestimada. El objeto y la modalidad de la declaración se determinan en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 2). B. Sobre la objeción del Estado al peritaje de Juan Pablo Albán Alencastro, propuesto por los representantes 12. Los representantes ofrecieron el dictamen pericial del experto Juan Pablo Albán Alencastro12. El Estado, en su escrito de observaciones a la lista de declarantes, cuestionó el objeto del peritaje, respecto del cual señaló que abarca “una materia tan amplia” que constituye “el meollo de la controversia” que el Tribunal deberá resolver. Indicó que dicha prueba pericial, en la forma como fue propuesta, en vez de informar a los jueces “pretende […] sustituir[los] […] al emitir un criterio conclusivo”. Agregó que, al permitirse que el objeto del peritaje incluya “opinar sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales en el presente caso”, se afectaría la imparcialidad del perito. La Comisión no se pronunció al respecto. 13. Al respecto, se advierte que el cuestionamiento del Estado se circunscribe al objeto del peritaje. Sin perjuicio de ello, la Presidenta considera que la declaración pericial ofrecida por los representantes puede resultar útil para la resolución del caso. Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de diciembre de 2009, Considerando 14, y Caso Familiares de Digna Ochoa y Plácido Vs. México. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de marzo de 2021, Considerando 18. 9 Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de octubre de 2013, Considerando 27, y Caso Profesores de Chañaral y otras Municipalidades Vs. Chile. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de abril de 2021, Considerando 12. 10 Cfr. Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Convocatoria a audiencia, supra, Considerando 14; Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de marzo de 2016, Considerando 19, y Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de abril de 2021, Considerando 17. 11 Los representantes indicaron que el peritaje versaría sobre “si el Estado cumplió con los [e]stándares básicos para una investigación diligente frente a una ejecución extrajudicial dentro del presente caso, así como también la situación de la ejecución extrajudicial en el Ecuador y finalmente las medidas necesarias para la reparación de los daños desde el punto de vista de la justicia.” 12 4

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