de la nueva Jefa de la FECI, en sustitución del entonces Fiscal Sandoval, aquella fue nuevamente trasladada, y en su lugar se dio el nombramiento de una persona que ha sido cuestionada por favorecer a personas señaladas por corrupción en casos de alto perfil. Por ello, argumentaron la existencia de un grave riesgo de que los fiscales “B” y “C”, involucrados en la investigación de la muerte del señor Ruiz Fuentes, “se[an] apartados de las investigaciones (por remoción o traslado) de manera ilegal y arbitraria”, como represalia por su labor judicial independiente, lo cual coloca en grave riesgo el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, y c) iii) La irreparabilidad del daño se configura pues podrían “perderse los avances que hasta la fecha se han logrado en las investigaciones de los hechos [de la muerte del señor Ruiz Fuentes …], generando que los mismos permanezcan en la impunidad”. Información adicional presentada por las representantes en los dos casos 15. Durante la audiencia pública de 27 de agosto de 2021, las representantes aclararon que, a raíz de su destitución, el ex Fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro presentó un recurso de amparo (supra Considerando 12) y un recurso laboral, pero “estos recursos tardarán varios meses, sino años en resolverse”. Al respecto, señalaron que la abogada del señor Sandoval “fue notificada [el 26 de agosto de 2021] que la audiencia del juicio laboral se llevará a cabo en marzo del 2022 y el recurso de amparo va a correr la misma suerte”, siendo que “en este tiempo, la investigación de estos casos [Valenzuela Ávila, y Ruiz Fuentes y otra] puede verse seriamente comprometida”. Adicionalmente, argumentaron que la interposición de un amparo y de una demanda ordinaria laboral “no resultan [recursos] idóneos para dar cumplimiento al objetivo principal que es garantizar la investigación imparcial e independiente de los presentes casos y el acceso a la justicia de las víctimas”14. El 3 de septiembre de 2021 informaron que entre el 26 y 27 de agosto de 2021 se han realizado traslados internos de al menos tres auxiliares fiscales de la FECI, “sin justificación alguna”, y que su objetivo principal es “concentrar los casos más importantes en el equipo de trabajo de confianza de la agente fiscal […], respecto de quien fue planteada la objeción en la que se basó formalmente la decisión de destituir ilegal y arbitrariamente al [entonces Fiscal Sandoval]”. Indicaron que, en entrevista radial de 31 de agosto, el actual Jefe de la FECI señaló que “continuarán los movimientos de personal”, ya que “necesita reestructurar la Fiscalía”, y que el 3 de septiembre se dictó orden de aprehensión en contra del ex Fiscal Sandoval, por los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal. B) Observaciones de la Comisión Interamericana 16. En su escrito de observaciones de 5 de agosto de 2021, la Comisión sostuvo que la solicitud de medidas provisionales guarda conexión con la Sentencia del caso Valenzuela Ávila en cuanto a la obligación de investigar, pues las personas propuestas como beneficiarias “serían las que estarían impulsa[n]do las investigaciones desde el Ministerio Público”. Señaló que lo alegado por las representantes guarda consistencia con el monitoreo que viene realizando a la situación de los operadores de justicia en Guatemala, sobre “la continuidad de un contexto adverso hacia el trabajo de la FECI por las acciones que realizan en su rol de lucha contra la corrupción y la impunidad en el país; por su participación e impulso en investigaciones en casos de alto impacto; por el perfil de las personas que han identificado como responsables o presuntos responsables de diversos actos delictivos [… que] involucran a diversos grupos de poder de la sociedad guatemalteca; y por su cercanía al trabajo que realizaba la […] CICIG […], el cual ha sido cuestionado por sectores en el país”. Tal contexto coincide con la visita in loco realizada por la Comisión en el año 2017, “donde indicó que los intentos de avance en la lucha contra la impunidad y corrupción por parte de operadores y operadoras de justicia han venido aparejados de ataques y amenazas en su contra”. 14 Cfr. Escrito de las representantes de 10 de septiembre de 2021. 9