-35. El Estado informó a la Corte que el 20 de mayo de 2019 se otorgó la libertad bajo el beneficio de convivencia familiar a 100 personas que se encontraban detenidas, y que entre estas personas se encontraban 5 beneficiarios de las medidas urgentes de 21 de mayo de 2019: María Adilia Peralta Cerratos, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, y Tania Verónica Muñoz Pavón. En relación con las 12 personas restantes, el Estado afirmó que fueron beneficiadas por la “Ley de Amnistía, Ley No. 996, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 108 del 10 de junio de 2019, misma que entró en vigencia a partir de su publicación”. En cumplimiento de lo establecido en dicha ley, el Estado afirmó que las siguientes personas obtuvieron su libertad: Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Miguel Mora Barberena, Lucia Pineda Ubau, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, e Irlanda Ondina Jerez Barrera. El Estado manifestó que el otorgamiento de la libertad a los 17 beneficiarios de las referidas medidas conlleva al “consecuente desvanecimiento de la supuesta situación de ‘extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a las persona[s]’ a las que hace alusión el Presidente de la Corte en el párrafo 26 de su resolución”. En consecuencia, solicitó que proceda a “archivar las presentes medidas provisionales”. 6. Los representantes alegaron, de forma general, que en la práctica la Ley de Amnistía condicionó la liberación de las personas detenidas a cambio de que no se realizara ninguna investigación contra los responsables de la violencia estatal ocurrida desde abril de 2018. Sostuvieron que el contenido ambiguo y amplio de la norma puede dejar en la impunidad las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido, además de que no benefició a la totalidad de presos políticos pues algunos de ellos siguen detenidos. Asimismo, manifestaron que el contenido de la norma condiciona la permanencia del beneficio a que no existan conductas repetitivas generadoras de los delitos contemplados en la ley, lo que constituye una amenaza y una restricción al ejercicio de los derechos ciudadanos. Además, que no se ha obtenido ninguna sentencia de sobreseimiento que establezca la extinción de la acción y la responsabilidad penal, lo cual no proporciona seguridad jurídica a los excarcelados. Adicionalmente, señalaron que el asedio y el discurso de odio continúa en contra de las personas otrora privadas de libertad, lo que en algunos casos ha llevado a que se vean obligados a huir de sus casas. En consecuencia, solicitaron el mantenimiento de las medidas urgentes del Presidente de la Corte. 7. La Comisión consideró que el Estado debe informar de manera detallada y con el soporte documental necesario, la situación legal de cada una de las 17 personas beneficiarias debido a que la Ley de Amnistía establece que “la inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley”. Asimismo, manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley debido a que su contenido amplio puede dejar en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos en detrimento de los derechos a la verdad, justicia y reparación. En sentido similar, manifestó que la sola posibilidad de que las causas sean reactivadas en cualquier momento puede generar un efecto disuasivo y de censura para el ejercicio de sus derechos. También destacó que según información del Mecanismo de Seguimiento Especial a Nicaragua de la CIDH, en muchos casos la Policía Nacional no habría devuelto bienes y objetos personales a las personas excarceladas. En un sentido similar, manifestó que las condiciones del conflicto que precedieron la detención de los 17 beneficiarios permanecen, y no existe ningún esquema de protección. En consecuencia, indicó que la situación de riesgo de las 17 personas continúa, por lo que se debe rechazar la solicitud de archivo del Estado. 8. En relación a lo anteriormente expuesto, el Tribunal evaluará la información presentada por el Estado y la constatará con lo comunicado por los representantes y la Comisión, para así determinar la continuidad de las medidas urgentes del Presidente. C) Consideraciones de la Corte

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