7 9. Audiencia Pública. – Mediante Resolución de 13 de diciembre de 2017 9, el Presidente convocó al Estado, a los representantes y a la Comisión Interamericana a una audiencia pública para recibir sus alegatos y observaciones finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así como para recibir las declaraciones de dos presuntas víctimas, de una testigo propuesta por el Estado y de dos peritas propuestas por los representantes y por la Comisión 10. La audiencia pública fue celebrada el 6 de febrero de 2018, durante el 121° Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en su sede11. En la audiencia se recibió la declaración de las presuntas víctimas Linda Loaiza López Soto y Ana Secilia López Soto, así como los dictámenes de las peritas Daniela Kravetz, Marie Christine Chinkin y María Lucrecia Hernández Vitar. Por otro lado, el Tribunal requirió al Estado presentar determinada información y documentación, en particular se solicitó copia del libro de registro de comparecientes o de denunciantes de la policía técnica judicial ubicada en la Avenida Urdaneta, correspondientes a los meses de marzo a julio del 2001, así como de cualquier otra denuncia que se hubiera ingresado en sede policial u organismos por parte de la señora Ana Secilia López Soto. Las declaraciones solicitadas ante fedatario público fueron recibidas el 24 de enero de 201812. 10. Amici curiae. – Los días 20 y 21 de febrero de 2018, respectivamente, este Tribunal recibió escritos en calidad de amicus curiae por parte de: (1) la Red de Observación y Acción por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia (Red Naranja); Equivalencias en Acción; la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA); el Centro por la Justicia y Paz (CEPAZ); el Centro Hispanoamericano de la Mujer; la Asociación Civil Mujeres en Línea; Unión Afirmativa; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); CIVILIS Derechos Humanos; Casa Juan Ramírez La Avanzadora; Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (FUNDAMUJER); Unidad de Investigación y Estudios de Género “Bella Carla Jirón Camacaro”; Escuela de Formación Obrera Priscila López; Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres; Acceso a la Justicia, y Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)13; (2) la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Women’s Link Worldwide14, y (3) la Academia de Derechos Humanos y Derecho Cfr. Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Convocatoria a Audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 13 de diciembre de 2017. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/lopez_soto_13_12_17.pdf. 9 Mediante comunicación de 17 de enero de 2018, el Estado informó que la testigo María Hernández Royett, convocada para declarar durante la audiencia pública, se encontraba imposibilitada de asistir a la misma por motivos de fuerza mayor, por lo que solicitó que su testimonio sea recibido mediante affidávit. Asimismo, el Estado solicitó a la Corte que convocara a audiencia pública a la perita María Lucrecia Hernández, quien fue llamada a declarar mediante fedatario público. Luego de escuchar el parecer de los representantes y de la Comisión Interamericana, el Presidente de la Corte decidió aceptar la solicitud del Estado de modificar la modalidad de recepción de la declaración de la testigo María Hernández Royett y, por lo tanto, que la misma rindiera su declaración ante fedatario público. Sin embargo, dicho testimonio no fue presentado. Por otra parte, decidió aceptar la solicitud del Estado de modificar la modalidad de recepción del dictamen de la perita María Lucrecia Hernández Vitar y, por lo tanto, su dictamen pericial fue rendido en la audiencia pública. 10 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: el Presidente de la Comisión, Comisionado Francisco Eguiguren Praeli, y las abogadas de la Secretaría Ejecutiva, Silvia Serrano Guzmán y Selene Soto Rodríguez; b) por los representantes de las presuntas víctimas: la Coordinadora General Liliana Ortega y los abogados Ronnie Boquier y Karla Subero, del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1999 (COFAVIC), y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Directora Ejecutiva Viviana Krsticevic, el Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe Francisco Quintana, la Directora Legal Alejandra Vicente, la abogada senior Elsa Meany y la oficial de comunicación Alexandra McAnarney, y c) por el Estado de Venezuela: los señores Larry Devoe Márquez, Agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, y Alexis Crespo Daza, Asesor del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. 11 El 12 de enero de 2018 la señora Katherine Romero informó que, por motivos personales de fuerza mayor, tenía que desistir de la presentación de su peritaje, el cual había sido propuesto por los representantes. 12 El escrito fue firmado por Fabiola Romero del Centro Hispanoamericano de la Mujer y por Beatriz Borges del Centro de Justicia y Paz. En el escrito se presenta una serie de consideraciones con respecto a la violencia institucional que supuestamente viven las mujeres ante los organismos estatales venezolanos. Asimismo, se expone la situación de impunidad que imperaría en las denuncias presentadas por mujeres venezolanas. 13 14 El escrito fue firmado por Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial contra la Tortura, y por