21 de marzo de 1995. El 5 de abril de 1995 el Gobierno presentó su respuesta a las observaciones
de los peticionarios y el 14 de junio de 1995 éstos presentaron sus comentarios a la contestación
del Gobierno.
16.
El 29 de marzo de 1995 los peticionarios enviaron información adicional a la
Comisión, en la cual se procuró encarar cuestiones concretas relacionadas con la admisibilidad de
peticiones que incluyen a un grupo de víctimas. El 2 de mayo de 1995 el Gobierno envió a la
Comisión una nota de protesta relacionada con el hecho de que la prensa había dado a publicidad
información sobre la comunicación de los peticionarios del 29 de marzo, que el Gobierno no había
recibido. El 15 de mayo de 1995 la Comisión envió al Gobierno la comunicación de los
peticionarios de fecha 29 de marzo, a la cual el Gobierno respondió el 21 de julio de 1995.
17.
El 10 de diciembre de 1996 la Comisión recibió información adicional sobre el caso,
que envió al Gobierno con fecha 19 de diciembre de 1996.
18.
El 19 de diciembre de 1996 la Comisión envió notas a las partes indicando su
decisión de ponerse a su disposición a los efectos de llegar a una solución amistosa y les concedió
un plazo de 30 días para responder. El 24 de enero de 1997 los peticionarios respondieron
indicando que estaban dispuestos a iniciar gestiones para ello, siempre y cuando el Gobierno
conviniera en encarar varias cuestiones que consideraban fundamentales para poder concretar
una solución de esa naturaleza. Con fecha 6 de febrero de 1997, la Comisión envió las partes
pertinentes de la respuesta de los peticionarios al Gobierno.
19.
El Gobierno pidió una prórroga para responder al ofrecimiento de la Comisión de
ponerse a disposición de las partes para la búsqueda de una solución amistosa. Una prórroga de
30 días fue concedida por nota de la Comisión de fecha 5 de febrero de 1997.
20.
En varias ocasiones la Comisión convocó audiencias sobre el caso, en cada una de
las cuales comparecieron representantes del Gobierno y de los peticionarios para presentar
argumentos sobre aspectos de hecho y de derecho relacionados con el caso.
III.

ANÁLISIS DE LA ADMISIBILIDAD

A.

Presentación de hechos para caracterizar la violación

21.
Conforme a lo enunciado en el artículo 47(b) de la Convención, la Comisión podrá
declarar inadmisible toda petición que no exponga hechos que caractericen una violación de los
derechos garantizados por la Convención. Los peticionarios alegan que se han llevado a cabo
ejecuciones extrajudiciales, que ha habido desapariciones, intentos de asesinato, procesos
judiciales falsos y que se han proferido amenazas contra los miembros de la Unión Patriótica,
identificados como víctimas en este caso, a los efectos de tratar de eliminar el partido político.
Los peticionarios solicitan a la Comisión que concluya que las acciones alegadas constituyen un
delito de genocidio, interpretando la Convención Americana de conformidad con el derecho
internacional consuetudinario y las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio (la "Convención sobre Genocidio"). Proceden a afirmar que el delito de
genocidio conlleva violaciones de artículos concretos de la Convención Americana.
22.
La Convención sobre Genocidio, que codifica el derecho internacional
consuetudinario en lo que se refiere al genocidio1, define a ese delito de la manera siguiente:

1 Véanse, Reservas a la Convención sobre Genocidio, 1951 CIJ Rep. 15 (Opinión Consultiva del 28 de mayo); Restatement
of the Law Third, Restatement of the Foreign Relations Law of the United States.

3

Select target paragraph3