rápidos7 y habiéndose reportado que algunas personas que adentran la Tierra Yanomami, incluso las autorizadas (como algunos pilotos de aviones), no utilizarían equipo de protección individual, como las mascarillas. Se expresó preocupación con el crecente número de funcionarios del DSEI-Y contaminados y, por consecuencia, alejados de sus funciones, aumentando críticamente el déficit de funcionarios en el corto plazo. Adicionalmente, los solicitantes alegaron que las personas propuestas como beneficiarias también enfrentan dificultades a la hora de recibir atención a la salud en la red urbana, toda vez que el sistema de salud del estado de Roraima habría llegado a su límite, sin camas disponibles para tratamiento de casos graves. 9. En tercer lugar, los solicitantes alegaron que la “población Yanomami y Ye'kwana está peligrosamente expuesta a la enfermedad debido a la intensificación de la actividad minera en sus tierras desde el 2018, sin que el Estado brasileño haya tomado con la debida diligencia las medidas necesarias para impedirla”. Los mineros que están en la TIY entrarían en contacto con los pueblos indígenas con frecuencia, siendo potencialmente importantes vectores de la COVID-19, especialmente considerando que transitan por el territorio y áreas urbanas8. Los solicitantes aportaron cuantiosa información, la mayoría fechada entre 2019 y 2020, denunciando un aumento en la presencia de mineros. Tal información incluyó estudios con uso de satélites que ubican sus actividades en las cercanías de varias aldeas, una de ellas conformada por indígenas en aislamiento voluntario. 10. Según el expediente, se estima que en la actualidad hay 20 mil mineros informales en las TIY, pese a constituir una actividad ilegal. Este número reflejaría el crecimiento de la exploración del oro en Roraima, la cual es atribuida por los solicitantes a la falta de medidas implementadas para reprimirla, destacando principalmente la desactivación de tres “Bases de Protección Etnoambiental” (BAPE)9. En ese sentido, se habría iniciado una Acción Civil Pública para la reapertura de las tres BAPEs, la cual se decidió en noviembre de 2018 en favor de la reapertura, razonando, entre otras, que las acciones de represión a la minería alegadas por el Estado serían “esporádicas” y “deficientes”. Tal decisión habría sido confirmada el 15 de junio de 2020, en un recurso judicial, afirmando el juzgado responsable que […] la cuestión en debate es de relevancia no solo en razón de las implicaciones ambientales y de seguridad que pueden derivar del no cumplimiento inmediato de la sentencia, por tratarse de medidas de contención de mineros en actividad en la región, que adentran la Tierra Indígena Yanomami en actividad de minera ilegal, como también porque se evidencia necesaria atención redoblada para evitar la diseminación de epidemias virales y otras molestias resultantes de la contaminación de ríos y fauna con mercurio, conforme afirma el Ministerio Público Federal, situación que se agrava por el actual contexto de pandemia por la cual pasa el país, en evidente configuración de peligro inverso se no hubiere iniciado cuanto la implementación de las medidas determinadas en la sentencia. 11. Pese que la decisión de reapertura de las BAPEs fecha de 2018, según los solicitantes, solamente una BAPE habría sido reabierta y en funcionamiento en la actualidad. Igualmente, se destacó Los solicitantes indican que el Ministerio de la Salud informó que tales exámenes, en caso de pacientes asintomáticos, tendrían solamente un 25% de precisión. 8 Los solicitantes contextualizaron la amenaza aparentemente representada por la presencia de mineros, indicando que la conexión entre la presencia de terceros no autorizados en las TIY y afectaciones a la vida del Pueblo Yanomami por enfermedades tiene raíces en la historia del contacto del pueblo con no indígenas. Según estudios aportados, en 1974-75, en el contexto de la construcción de una carretera, el 22% de la población de cuatro aldeas afectadas por las construcciones falleció por enfermedades infecciosas. Entre 1987 y 1990, ante el crecimiento del mercado de la minería ilegal, el 22% de los Yanomami en el estado de Roraima perecieron. Considerando que las personas propuestas como beneficiarias son calificadas como un pueblo indígena de contacto reciente y que algunos grupos ni siquiera fueron contactados (aislamiento voluntario), su “memoria inmunológica” es por lo tanto “más sensible a enfermedades”. Ver: RAMOS, Alcida Rita e TAYLOR, Kenneth I. “The Yanoama in Brasil 1979 and Yanomami Indian Park, Proposal and Justification”. IWGIA Document 37. Copenhagen, 1979. P. 123; Instituto Socioambiental, O Impacto da Pandemia na Terra Indígena Yanomami, 2020, p. 27. Ver también: CIDH, Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas, 2013, párr.. 118. 9 Conectadas a la represión de la actividad de minería ilegal. 7 -3-