que, si bien habría algunos avances puntuales en materia judicial sobre la minería ilegal, eses no habrían sido concluidos, sin resultar en condenas, “contribuyendo para una amplia sensación de impunidad”. 12. Aunado a lo anterior, los solicitantes aportaron un estudio indicando que los 14 Polos Base de salud que se encuentran en áreas próximas a la minería son los que están en una situación más vulnerable. Sobre este punto, un estudio del Instituto Socioambiental10 concluyó (considerando solamente las aldeas cercanas a la minería), que, sin medidas de protección implementadas, el 40% del grupo analizado (5.600 Yanomamis) terminaría contaminado por la COVID-19. 13. Los solicitantes aportaron información que indica el contacto recurrente entre los mineros y las personas propuestas como beneficiarias. El 13 de marzo de 2020, ya en contexto de la pandemia de COVID-19, se habría reportado a las autoridades de la llegada de un grupo de 50 personas en las cercanías de una de las comunidades, quienes instalaron un campamento y balsas para las actividades de minería. Igualmente denunciaron que, por medio de imágenes satelitales, pudo comprobarse que la minería se ubica a pocos kilómetros de una comunidad en aislamiento voluntario, cuya BAPE correspondiente permanece desactivada. A modo de ejemplo, los solicitantes indicaron que el 17 de abril de 2020, tres mineros habrían llegado a uno de los puestos de salud, en la Misión Catrimani, requiriendo utilizar el sistema de radio del puesto. El 15 de junio se habría recibido información sobre la presencia de 5 balsas de mineros armados en las cercanías de dos comunidades. 14. Los solicitantes sostienen que los encuentros entre las personas propuestas como beneficiarias y los mineros a menudo son hostiles y violentos: “las comunidades indígenas de la TIY comúnmente se sienten amenazadas por los trabajadores de la minería ilegal, muy frecuentemente armados, quienes traen bebidas alcohólicas, acosan a sus mujeres, roban de sus plantaciones, reclutan sus jóvenes para actividades ilícitas. En los casos más graves, los conflictos resultan en ataques y muertes.” Asimismo, el fenómeno de la minería ilegal además violaría la visión ontológica del pueblo Yanomami, según la cual los minerales fueron puestos en la tierra por una divinidad. En este contexto, las autoridades interpusieron una Acción Civil Pública para exigir la implementación de un Plan de Emergencia ante la COVID-19 y la retirada de los mineros de las TIY, la cual fue rechazada el 11 de mayo de 2020 al considerar que no era procedente por esa vía determinar si las medidas adoptadas por el Estado eran suficientes para proteger a los Yanomamis. En este sentido, el 14 de julio, los solicitantes indicaron que mediante una apelación del 3 de julio se había determinado en el tribunal que el Estado presentaría, en un plazo de 5 días, un "Plan de Emergencia" para retirar a los mineros del TIY. El plazo habría expirado el 10 de julio, sin que se hubiera determinado la recepción del plan. 15. En cuarto lugar, los solicitantes agregaron que los propuestos beneficiarios también están en riesgo ante la contaminación por mercurio, derivada de la minería ilegal. Según el expediente, el monitoreo del Instituto Socioambiental registró una pérdida de 1.925,8 hectáreas de selva como consecuencia de la minería ilegal. Solamente en marzo de 2020 se habría afectado 114 hectáreas. Como resultado de la alegada contaminación ambiental, un estudio de 2018 verificó la contaminación de la población Yanomami cercana de áreas de minería. En ese sentido, las comunidades Waikás Ye’kuana y Waikás Aracaça habrían presentado tasas de contaminación en un 27.7% y 92.3% respectivamente. La investigación también destacó que, en la comunidad Waikás Aracaça tres niñas, con menos de tres años, presentaron tasas importantes de contaminación. 16. Por último, los solicitantes alegaron que el líder de los pueblos indígenas en cuestión, Davi Kopenawa Yanomami, es objeto de amenazas frecuentes. La Hutukara Asociación Yanomami habría recibido relatos de indígenas quienes serían acosados por su relación con el propuesto beneficiario. En diciembre de 2019, una familiar habría sido agredida por dos personas, quienes preguntaban por él, amenazándole de muerte. Asimismo, los solicitantes indicaron que habría vehículos circulando de 10 Instituto Socioambiental, O Impacto da Pandemia na Terra Indígena Yanomami, 2020, p. 3. -4-