obligatoria y desconoce el artículo 23.2 de la Convención, lo que constituye una situación de extrema
gravedad y urgencia y puede ocasionar perjuicios irreparables.
2.
Convo[que] a una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia, con el fin
de escuchar a las partes y tomar las decisiones que correspondan”.

5.
Asimismo, consideraron relevante que la Corte “requiera al Estado colombiano
información sobre el [referido] proyecto de ley 423 de 2021”.
6.
Los representantes argumentaron que la referida solicitud guarda relación con la
garantía de no repetición ordenada en el punto resolutivo octavo de la Sentencia de este
caso y con las acciones posteriores que se están implementando a nivel interno que
serían contrarias a la misma. En cuanto a los hechos en los que basan dicha solicitud,
indicaron que:
a) En marzo de 2021, el Ministro del Interior y la Procuradora General de la Nación
presentaron al Congreso el proyecto de ley 423 de 2021, “[p]or medio del cual
se reforma [el Nuevo Código Disciplinario Único] Ley 1952 de 2019 y se dictan
otras disposiciones”, el cual “ya fue aprobado por los dos cuerpos colegiados que
integran el Congreso […,] restando solo la conciliación del texto y sanción
presidencial pues fue presentado con mensaje de urgencia por parte del
Gobierno” y su posterior “promulgación”, “salvo que el [P]residente lo objete por
razones de conveniencia o por inconstitucionalidad”.
b) El referido proyecto “no fue consultado con el peticionario o representantes, salvo
las intervenciones que se hicieron en audiencia pública convocada [por] el
Congreso”.
c) Este proyecto “propone establecer una Sala Disciplinaria de Juzgamiento de los
servidores públicos de elección popular que ‘conocerá el juzgamiento’ de estos
funcionarios públicos y otorga al Procurador General la segunda instancia sobre las
decisiones de la menciona[da] Sala Disciplinaria”.
d) Dicha propuesta “no cumple con la obligación del artículo 2 de la Convención
[Americana]” y “desconoce la decisión de la […] Corte Interamericana [en este caso],
pues no adecúa sus normas internas para que la destitución e inhabilidad de los
funcionarios públicos de elección popular sea conocida y decidida por un ‘juez
competente, en proceso penal’, como ordena el artículo 23.2 de la Convención,
sino que retiene tal facultad en la Procuraduría, creando una sala con funciones
jurisdiccionales, pero dentro del proceso disciplinario”. Además, “tiene un
agravante, y es que quienes ejerzan funciones jurisdiccionales, dependerían
funcionalmente de quien ejerza la titularidad de la Procuraduría General de la
Nación, que en Colombia no pertenece a la Rama Judicial, sino a los órganos de
control tal como establece la Constitución Política”. Ante ello, el Consejo de
Estado se pronunció considerando que “el otorgamiento de facultades
jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación desconoce la función
constitucional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el principio de
división funcional de los poderes públicos”.
7.
Con respecto al “[c]umplimiento de los requisitos de extrema gravedad, urgencia e
irreparabilidad del daño” necesarios para la adopción de medidas provisionales, indicaron
que:
a) “[e]xiste actualmente una situación de extrema gravedad y urgencia, la cual está
íntimamente relacionada con [evitar] el flagrante incumplimiento del Estado […]
frente a lo ordenado […] en el punto resolutivo 8 de la Sentencia[,] relativo a la
adecuación de su ordenamiento jurídico […] y [a que], de no tener una
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