antes que la comunicación a través de canales de denuncia externa, siempre que se pueda tratar la infracción internamente de manera efectiva y siempre que el denunciante considere que no hay riesgo de represalias” (Art. 7o, 2). Sin embargo, este no es un principio absoluto: en los casos en los que no existen canales internos de denuncia o en los que los interlocutores competentes están en connivencia con los infractores, el empleado no tiene otra alternativa que denunciar públicamente el asunto 69. Los ordenamientos jurídicos nacionales han cumplido este orden de preferencia a través de canales internos, como es el caso de Portugal (art. 7º de la Ley 93/2021). c) Autenticidad de las informaciones. El denunciante no merece disfrutar de protección cuando la información revelada resulte falsa, infundada o temerarias 70. El criterio aquí no es la veracidad ex post de la información. Se considerarán auténticas cuando el empleado, basándose en circunstancias objetivas, tenga motivos suficientes para creer en la veracidad del contenido de su comunicación 71. La libertad de expresión, especialmente cuando están en juego deberes de lealtad y confidencialidad y el honor de personas o instituciones, debe ejercerse con responsabilidad, correspondiendo al empleado la responsabilidad de reflejar y verificar la plausibilidad de la información que pretende denunciar o divulgar 72. La ya citada Ley 93/2021, de Portugal, exige “motivos graves” para las denuncias (art. 6º, n. 1), además de convertir en infracción administrativa muy grave la difusión de información falsa (art. 27º, n. 1 párrafo d). d) Buena fe. El criterio de la buena fe (subjetiva) es prácticamente corolario del requisito anterior (autenticidad). Se requiere que el denunciante haya actuado creyendo en la veracidad de la información y reconociendo el interés público en su divulgación o denuncia. El TEDH -a diferencia de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo, que no muestra relevancia a la motivación interna de “whistleblower” 73 - considera indigna de protección la conducta de un denunciante que actúa por motivos ajenos al interés público, por ejemplo, por afán de lucro o venganza. 74 Si bien no pasa a ser el criterio principal, se debe tener en cuenta la motivación del denunciante para verificar la presencia de buena fe, y, en consecuencia, la necesidad y merecimiento de protección contra represalias. Halet v. Luxemburgo, p. 47. RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. ¿Héroes o traidores? La protección de los informantes internos (whistleblowers) como estrategia político-criminal, Indret 3/2006, p. 16. 71 Halet v. Luxemburgo, p. 49: “In this connection, the Court reiterates that it has already accepted that under certain circumstances the information disclosed by whistle‑blowers may be covered by the right to freedom of expression, even where the information in question has subsequently been proved wrong or could not be proved to be correct (see Gawlik, cited above, §§ 75-76, with the references cited therein). For this to apply, however, the whistle-blower must have carefully verified that the information was accurate and reliable (see, by contrast, Gawlik, cited above, §§ 78 and 85). Whistle-blowers who wish to be granted the protection of Article 10 of the Convention are thus required to behave responsibly by seeking to verify, in so far as possible, that the information they seek to disclose is authentic before making it public.” 72 Cf. Art. 6, a, Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo: “Los denunciantes tendrán derecho a protección en virtud de la presente Directiva siempre que: a) tengan motivos razonables para pensar que la información sobre infracciones denunciadas es veraz en el momento de la denuncia y que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva”. 73 “(32) (…) Los motivos de los denunciantes al denunciar deben ser irrelevantes para determinar si esas personas deben recibir protección. Al respecto, criticamente, GARDEN, Florian/HIÉRAMENTE, Mayeul. Die neue Whistleblowing-Richtlinie der EU – Handlungsbedarf für Unternehmen und Gesetzgeber, Betriebs-Berater, 2019, p. 966. 74 Guja v. Moldova, p.23: “The motive behind the actions of the reporting employee is another determinant fator in deciding whether a particular disclosure should be protected or not. For instance, an act motivated by a personal grievance or a personal antagonism or the expectation of personal advantage, including pecuniary gain, would not justify a particularly Strong level of protection ... It is important to establish that, in making the disclosure, the individual acted in good faith and in the belief that the information was true, that it was in the public interest to disclose it and that no other, more discreet, means of remedying the wrongdoing was available to him or her.” 69 70