preocupados por garantizar una protección jurídica sólida para los denunciantes, hasta el punto de conceder alguna exención de responsabilidad penal 62. 65. Con el avance de la discusión y de la regulación (pero todavía ausente en varios países) de “whistleblowing”, algunos criterios para la protección del denunciante se han cristalizado. Un ejemplo es la “Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que denuncian violaciones del derecho de la Unión”, que establece presupuestos, criterios y procedimientos para la práctica segura del “whistleblowing”. Esos parámetros sirven, en definitiva, para establecer cuándo la libertad de expresión del denunciante debe prevalecer sobre los deberes de lealtad, discreción o confidencialidad existentes hacia la institución a la que pertenece. 66. Tales presupuestos para la protección del “whistleblower” han sido desarrollados, además de literatura especializada, especialmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”), especialmente basada en el precedente Gujav. Moldavia 63. Los criterios establecidos en esta decisión fundamental fueron aplicados en una serie de sentencias posteriores y recientemente consolidados en el caso Halet vs. Luxemburgo 64 Entre ellos, dignos de consideración y que pueden servir de guía para el análisis del caso en cuestión y otros futuros, se mencionan los siguientes: a) Interés público en la revelación de la información. El concepto de “interés público” a efectos de protección de los denunciantes se ha definido de manera amplia. No existe una lista cerrada de infracciones legales o éticas que den lugar al derecho o al deber de denunciar. Naturalmente, las cuestiones relativas a la seguridad nacional, la separación de poderes y la conducta inadecuada de agentes políticos de alto rango son cuestiones de gran interés público. En este sentido, las denuncias de actos de corrupción constituyen el prototipo de lo que se convierte en un asunto de interés público 65. En Alemania, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, la colisión entre la libertad/deber de denuncia y el deber de confidencialidad (Verschwiegenheitspflicht) se resuelve de antemano en el nivel de la ley: cuando existe una sospecha fundada de práctica de delitos de corrupción, el deber de confidencialidad se suspende (§ 37 II 1 Nr. 3, Beamtenstatusgesetz) 66. Sin embargo, en general, el espectro temático que brinda protección a los denunciantes va más allá de las irregularidades en la administración estatal, abarcando temas relacionados con los derechos del consumidor, el medio ambiente, la salud pública 67, entre muchos otros. b) Divulgación por el canal adecuado – principio de la subsidiariedad. Además de los deberes inherentes de lealtad y confidencialidad que afectan al empleado – público o privado–, la denuncia pública (“whistleblowing” externo), especialmente para la prensa, debe ser la ultima ratio. Los canales internos de denuncia deben ser priorizados, agotados (“whistleblowing” interno), antes de la divulgación de la denuncia al público externo (principio de la subsidiariedad) 68. La Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo establece expresamente que: “Los Estados miembros promoverán la comunicación a través de canales de denuncia interna Cf. LEITE, Alaor. Whistleblowing und das System der Rechtferitgungsgründe, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1 (2021), p. 129 y ss. 63 TEDH, Guja v. Moldávia, no. 14277/04, 12/02/2008. 64 TEDH, Halet v. Luxemburgo, no. 21884/18, 14/02/2023; Cf. sumario de todas las decisiones sobre ese tema en: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/FS_Whistleblowers_ENG 65 Halet v. Luxemburgo, p. 50 y ss. 66 GÜNTHER, Jörg-Michael. Öffentlichkeitsarbeit von Behörden und externes Whistleblowing durch Beamte, NVwZ 2018, p. 1109, 1111. 67 TEDH, Heinisch v. Germany, no. 28274/08, 21.7.2011. 68 RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. ¿Héroes o traidores? La protección de los informantes internos (whistleblowers) como estrategia político-criminal, Indret 3/2006, p. 14; GÜNTHER, Jörg-Michael. Öffentlichkeitsarbeit von Behörden und externes Whistleblowing durch Beamte, NVwZ 2018, 1109 (111). 62