-24.
A continuación esta Presidencia expondrá, en forma particular, consideraciones
sobre: a) la admisibilidad del peritaje ofrecido por la Comisión; b) la admisibilidad de las
declaraciones testimoniales ofrecidas por los representantes de las presuntas víctimas,
y c) aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas ante la Corte.
A) Admisibilidad del peritaje ofrecido por la Comisión
5.
La Comisión ofreció el dictamen pericial de Miguel Cillero Bruñol para que declare
sobre “las obligaciones internacionales de los Estados respecto de adolescentes que se
encuentran prestando el servicio militar”. Indicó que específicamente, el perito se
“referiría a las implicaciones de la posición especial de garante del Estado en supuestos
de aplicación de castigos físicos en el marco de la disciplina militar” y “a las obligaciones
internacionales del Estado en materia de investigación frente a la muerte de un
adolescente bajo su custodia y sus implicaciones en cuanto a la atribución de
responsabilidad al Estado por una muerte en las circunstancias del caso”. Indicó
finalmente que el perito “podrá tomar en cuenta la existencia de un contexto de castigos
físicos en el servicio militar paraguayo, así como los hechos del caso”.
6.
La Comisión fundamentó el ofrecimiento de la pericia estimando que el caso
presenta cuestiones que afectan el orden público interamericano. Concretamente, indicó
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, también “la Corte” o
“el Tribunal”) podrá ahondar en su jurisprudencia “sobre las obligaciones internacionales
de los Estados respecto de adolescentes que prestan el servicio militar y que, por ello,
se encuentran bajo su custodia. Indicó que en particular la Corte lnteramericana podrá
profundizar en los límites de la disciplina militar y la imposición de ejercicios físicos
excesivos como castigos en dicho contexto, especialmente cuando se trata de
adolescentes”. Sostuvo asimismo que el caso “permitirá el afianzamiento de la
jurisprudencia sobre las obligaciones estatales respecto de muertes de personas, y en
especial de niños, bajo su custodia, como en el caso de reclutas prestando el servicio
militar”. Agregó que sobre este extremo, “el caso plantea la cuestión de la explicación
satisfactoria que deben brindar los Estados en tales circunstancias, lo que a su vez
permitirá profundizar en las especificidades del deber de investigar con la debida
diligencia este tipo de hechos”.
7.
Por su parte, el Estado objetó el peritaje sosteniendo por un parte que la Comisión
no había presentado la hoja de vida del perito y por otra parte que esa prueba resultaba
“innecesaria dada a la forma en que fue trabada la litis, considerando que el Estado se
ha allanado a los hechos”. Agregó que “[s]iendo irrelevante, no resulta pertinente admitir
la prueba pericial ofrecida”.
8.
Sobre el primer punto, esta Presidencia constata que contrariamente a lo indicado
por el Estado, por nota de Secretaría CDH-12-2018/005 de 19 de noviembre de 2018,
se remitió copia de la comunicación de la Comunicación de 23 de julio de 2018, mediante
la cual se adjuntó la hoja de vida del perito propuesto. En segundo lugar, esta Presidencia
recuerda que si bien el Estado ha efectuado un reconocimiento de responsabilidad en el
presente caso, el mismo no ha sido analizado ni valorado por la Corte ni tampoco se ha
referido a los efectos jurídicos que ese reconocimiento podría producir. En consecuencia,
el hecho que el Estado hubiese presentado un reconocimiento de responsabilidad en el
marco de este proceso contencioso, no constituye un motivo suficiente para concluir que
la prueba propuesta por la Comisión resulta innecesaria.