Por otra parte, la Comisión observó, con base en la información que no fue controvertida por el Estado, que agentes militares allanaron sin ninguna orden judicial los domicilios de i) Herminio Deras; ii) los padres del señor Deras; y iii) dos domicilios de sus familiares en la ciudad de El Progreso. Asimismo, agentes militares detuvieron a i) Irma Isabel Deras luego de haber sido allanado su domicilio; ii) Otilia Flores y Elba Flores luego de haber sido allanado su domicilio; iii) Luis Rolando Deras; y iv) varios familiares del señor Deras en junio de 1984. La CIDH notó que las detenciones se efectuaron sin una orden judicial y sin que pueda afirmarse la existencia de una situación de flagrancia. Por el contrario, la Comisión toma nota de que éstas se realizaron luego de haberse efectuado un allanamiento arbitrario en diversos domicilios de los familiares del señor Deras. . Asimismo, en el marco de estos hechos, la Comisión observó que algunos de los familiares del señor eran niños o niñas. Además, de acuerdo con la información aportada por la peticionaria y no desvirtuada por el Estado, en el marco de los anteriores hechos, varios familiares fueron objetos de golpes y maltratos por agentes militares. En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado de Honduras violó los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada, y los derechos del niño, consagrados respectivamente en los artículos 5, 7, 11 y 19 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1 de dicho instrumento en perjuicio de familiares del señor Deras. La Comisión concluyó que la salida del país del hermano del señor Deras y la imposibilidad de regresar a Honduras de la hermana, se debieron a la falta de investigación y ausencia de medidas efectivas de protección respecto de los hechos de violencia, amenazas y hostigamientos contra la familia. Con base en ello, consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y de residencia, protegido en el artículo 22.1 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de Héctor y Alba Luz Deras. Por último, la Comisión concluyó que el proceso penal no fue llevado a cabo con la debida diligencia ni en un plazo razonable y que la responsabilidad penal del agente Marco Tulio Regalado fue establecida en el marco de un proceso con diversas omisiones e irregularidades, sin que la familia de la víctima hubiera contado con un esclarecimiento total de los hechos ni la determinación de todas las responsabilidades. Por este motivo, la Comisión consideró que a la fecha se mantiene una situación de impunidad por lo que el Estado vulneró los derechos a las garantías judiciales y protección judicial conforme a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, así como el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1. de la Convención, todos en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de los familiares del señor Deras. El Estado de Honduras depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de septiembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 9 de septiembre de 1981. La Comisión ha designado al Comisionado Joel Hernández García y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus delegados. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores y Erick Acuña, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesores legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo No. 158/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 158/19 (Anexos). Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 20 de noviembre de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento por parte de la CIDH de dos prórrogas de tres meses cada una, el 5 de agosto de 2020 el Estado envío un informe indicando su intención de llegar a un acuerdo de cumplimiento. Sin embargo, el Estado no solicitó la suspensión del plazo para el sometimiento del caso a la Corte Interamericana. Con base en ello, la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. 2

Select target paragraph3