En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales. honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, derechos del niño, circulación y residencia, y protección judicial, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 11.2, 13.1, 16.1, 19, 22.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo, incluyendo una justa compensación por el daño material e inmaterial, así como medidas de satisfacción debidamente concertadas con los familiares. 2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para los familiares de Herminio Deras García. Estas medidas deben implementarse en caso de ser voluntad de las víctimas y de manera concertada con ellas y sus representantes. 3. Realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo. Ello debe implicar i) que se desplieguen todos los esfuerzos necesarios para lograr la captura de Marco Tulio Regalado a fin de que cumpla la condena impuesta; y ii) que se investiguen todas las demás responsabilidades en la justicia penal ordinaria. Además de la necesidad de obtención de justicia y reparación por la falta de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden público interamericano. El mismo permitirá a la Honorable Corte profundizar su jurisprudencia sobre la obligación de los Estados de realizar una investigación completa y efectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales que hayan tenido como móvil la actividad política o sindical de la víctima. Asimismo, permitiría profundizar respecto a la obligación de esclarecer la totalidad de los hechos, determinar todas las responsabilidades y asegurar una condena efectiva. Por otra parte, el presente caso permitiría a la Corte continuar desarrollando su jurisprudencia sobre la obligación de adoptar medidas efectivas de protección e investigar actos de violencia, amenazas y hostigamientos contra activistas políticos o sindicales, y sus familiares. En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer la siguiente declaración pericial: Perito/a, cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre el alcance de las obligaciones de los Estados en materia de investigación de ejecuciones extrajudiciales que hayan tenido como móvil la actividad política o sindical de la víctima. En particular, el/la perito/a se referirá a la obligación de esclarecer la totalidad de los hechos, determinar todas las responsabilidades y asegurar una condena efectiva. Asimismo, el/la perito/a se referirá a la obligación de los Estados de adoptar medidas efectivas de protección e investigar actos de violencia, amenazas y hostigamientos contra activistas políticos o sindicales, y sus familiares. En la medida de lo pertinente, el/la perito/a se referirá a otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y al derecho comparado. Para ejemplificar el desarrollo de su peritaje, el/la perito/a podrá referirse a los hechos del caso. El CV del/a perito/a propuesto/a será incluido en los anexos al Informe de Fondo No. 158/19. La Comisión pone en conocimiento de la Honorable Corte la siguiente información de quienes actúan como parte peticionaria en el trámite ante la CIDH conforme a la información más reciente: 3

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