8 fondo que se presenta en las cárceles venezolanas, como es la reeducación y rehabilitación del interno, que implica a su vez la seguridad de la población reclusa”; Los centros de reclusión “carecen de baños”, “el servicio de agua suele ser restringido, y el espacio donde se baña la población suele ser un espacio común, el cual carece de privacidad, afectando la dignidad de los reclusos”. En la misma línea, indicaron que “no existe un proceso eficaz de recolección de basura”, lo que determina la “acumula[ción de] excrementos, generando un estado de insalubridad permanente”; d) las misiones educativas y laborales implantadas por el Estado se deben “masificar”, “ya que el porcentaje de participantes es bajo con respecto a la población penal existente”. Al respecto, indicaron que el porcentaje de participantes se ha reducido “porque la población teme asistir a las áreas donde se desarrollan tales actividades, ya que la vida de los mismos corre peligro”; e) los internos suelen consumir alimentos suministrados por sus familiares, de manera que sólo aquellos internos que no tienen apoyo familiar consumen los alimentos del centro de reclusión. Así, los internos manifiestan “inconformidad por la poca cantidad y mala calidad de la comida suministrada por el recinto penitenciario”; f) existe “déficit de médicos y de insumos necesarios para brindarle debida atención médica a la población reclusa. Los cuatro centros de reclusión suman una población de más de 4.000 internos, en los cuales sólo laboran un aproximado de seis médicos con una carencia de insumos. […] Esta falta de atención a la salud en forma adecuada no queda desvirtuada por la celebración de jornadas médicas por parte del Estado, ya que éstas son ocasionales”; g) “[s]i bien el número de vigilantes aumentó respecto al que existía para el momento de emi[sión de] la[s] resoluci[ones] de medidas provisionales […], [su número] sigue siendo insuficiente”. Además, se reiteró que “desde la emisión de las resoluciones de es[t]a Corte hasta la actualidad, nunca h[a] coincidido el número de vigilantes apostados según los informes del Estado y los que [los representantes] p[ueden] observar” en sus visitas a las cárceles”; h) “[l]a población reclusa sigue exigiendo el respeto de los lapsos procesales, el otorgamiento de beneficios procesales; el otorgamiento de las [fó]rmulas [a]lternativas de [c]umplimiento de la [p]ena[,] y las presentaciones de las evaluaciones psicosociales. Manifiestan también que prevalecen las dilaciones para la presentación y la entrega de sus resultados”. “En virtud de estos constantes retardos y dilaciones, la población reclusa con frecuencia opta por declararse en huelga de hambre y/o retener voluntariamente a sus familiares visitantes”; i) en cuanto a las Fiscalías con Competencia Penitenciaria, “destaca[ron] que a pesar de los esfuerzos emprendidos para su creación, no se está garantizando la rehabilitación del ex interno y el respeto a sus derechos humanos”. Asimismo, notaron con beneplácito la creación de la Comisión Nacional del Indulto, así como la implantación del programa “Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos”;