93 causaron graves afectaciones a su salud, tales como depresión, hipertensión, hipotiroidismo, una hernia entre otros”. En razón de ello, solicitó que “se fije en equidad la cantidad que el Estado debe otorgar a la señora […] Franco [Sandoval] por estos gastos”. 285. Respecto al lucro cesante, manifestó que María Isabel Veliz Franco, tenía 15 años cuando fue asesinada y que en el año “2001 la esperanza de vida para las mujeres en Guatemala era de 72 años, por lo que le restaban por vivir aproximadamente 57 años”. Además, indicó que ella “había manifestado su deseo de cursar estudios superiores” y que, en virtud de “que no existen posibilidades de estimar el salario que habría devengado […] al finalizar sus estudios” solicitó que con base a los precedentes “fijados en la [S]entencia [sobre el caso] González y otras vs. México […] establezca en equidad un monto de [US]$145[,]000.00” (ciento cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América). 286. La representante se refirió también al daño inmaterial. Solicitó que por concepto de daño moral en perjuicio de María Isabel Veliz Franco, el Estado pague la suma de US$40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América). Ello por “la falta de garantía de los derechos a la vida, la integridad personal, y a la libertad personal […] así como el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de brindarle especial protección por su condición de niña”. Indicó que dicha suma “deberá de ser entregada a sus familiares conforme al derecho sucesorio vigente en la actualidad en Guatemala”. 287. En cuanto a los familiares de María Isabel Veliz Franco, señaló que “en el presente caso, resulta evidente el sufrimiento intenso”, ya que “experimentaron profundos sentimientos de angustia y dolor a raíz de [la] desaparición, de los vejámenes que sufrió y de[l] asesinato” de María Isabel. Adicionalmente indicó que, la madre y los hermanos de María Isabel siguen “sufriendo por afectaciones en su integridad psíquica y moral debido a las negligencias de los funcionarios públicos que participaron en las investigaciones y los señalamientos y prejuicios que emitieron en contra de María Isabel así como la impunidad en que permanecen los hechos del presente caso”. Manifestó que “el asesinato de María Isabel trajo serias implicaciones al proyecto de vida de su madre debido a que en ella recayó principalmente la búsqueda de justicia y el impulso de las investigaciones”. Además indicó que remitieron un peritaje psicológico para demostrar el sufrimiento de los abuelos así como de los hermanos de María Isabel. Por todo lo anterior, la representante solicitó que “con base al principio de equidad y de conformidad con la jurisprudencia” del Tribunal se fije un monto por concepto de daño moral sufrido por la mamá, hermanos y abuelos de María Isabel Veliz Franco. Pidió que los montos otorgados a favor de los abuelos “sea[n] entregad[os] a sus herederos legítimos de conformidad con la legislación guatemalteca”. 288. El Estado, por su parte, resaltó sobre los gastos funerarios que existe una contradicción en la solicitud de la representante en cuanto “la señora […] Franco [Sandoval] no cuenta con todos los recibos”, sin embargo “entre los documentos anexos a su [escrito de solicitudes argumentos] consta en el anexo identificado como Anexo 127 [sic], comprobantes de los gastos funerarios, mismos que fueron verificados por agentes del Estado”. En relación a ello, el Estado hizo notar la diferencia que se obtuvo entre la “certificación extendida como constancia por el servicio funerario de María Isabel” y “el recibo de caja” presentado por la representante. El primero de ellos indicaba un valor total de “GTQ 2,500.00 (dos mil quinientos quetzales exactos)” mientras que el segundo indica que se cancelaron “GTQ 10,500.00 (diez mil quinientos quetzales exactos) en concepto de diferencia por el valor de sándwiches y embalsamiento de María Isabel Veliz Franco”. El Estado indicó que al observar la incongruencia “se presentaron a la caja funeraria que extendió dicha certificación y el recibo de caja que obra en sus archivos, para verificar la autenticidad de dichos documentos y legitimidad del contenido del mismo”. No obstante, encontraron que la “señora Rosa Elvira Franco, incurrió en una acción delictiva de conformidad con la legislación interna” en vista de que “el valor de ese recibo de caja, según indican las representantes de la empresa funeraria […] es de GTQ 1,050.00 (mil cincuenta quetzales exactos)”. Asimismo expresó que si bien se paga el embalsamamiento y sándwiches adicionales, el costo hoy por hoy, de embalsamar el cuerpo es de GTQ 2,000.00 (dos mil quetzales exactos), y que el precio de este servicio no se ha