_____________________________________________________________________________________ El señor Navarro declaró que fue llevado al centro de detención conocido como El Helicoide, donde fue interrogado por el entonces Comisario Director del SEBIN y que recibió golpes y amenazas por parte de los agentes estatales con el objeto de que aportara información sobre el proyecto. Durante su detención, el señor Navarro López estuvo en una celda de castigo llamada “Preventiva I” que compartía con 16 personas y que contaba con un espacio aproximado de 3.50 metros de largo por 2.50 metros de ancho, la cual no contaba con ventilación, muebles para dormir, luz natural ni agua corriente y, en consecuencia, para defecar u orinar debía hacerlo en los recipientes de comida vacíos que retiraban las autoridades cada tres días. A pesar de que, como consecuencia de la crítica situación sanitaria, padeció diversos malestares, como fiebre, diarrea, vómito, gripe y tos, no recibió asistencia médica. El señor Navarro declaró que agentes carcelarios entraban a las celdas con armas y máscaras, los amenazaban de muerte, se burlaban de los reclusos y les proporcionaban distintos malos tratos. En una oportunidad, fue llevado, por una noche, a una celda de tortura llamada “El Bañito”, con 4 reclusos “peligrosos”. Los familiares del señor Navarro sostuvieron que fue impedido de recibir visitas, tanto de su familia como de abogados. El 16 de febrero de 2018 el juez a cargo libró un oficio al servicio de verificación de fiadores en relación con el imputado. De acuerdo con lo afirmado por los peticionarios, con posterioridad a la realización de la audiencia se habían cumplido con los requisitos para que el señor Navarro sea liberado, pero debido a omisiones e irregularidades esto no sucedió. El señor Navarro fue puesto en libertad el 2 de junio de 2018. La audiencia preliminar del proceso penal que se le seguía se postergó en diez oportunidades y a raíz del temor de volver a ser detenido de manera ilegal y arbitraria por el gobierno nacional, el 3 de mayo de 2019 cruzó la frontera con Colombia. El 10 de mayo de 2019 ingresó a Argentina en donde la Comisión Nacional para los Refugiado le reconoció la condición de refugiado. Desde el 25 de enero de 2018, los familiares del señor Navarro presentaron denuncias ante distintas autoridades incluyendo una denuncia por su desaparición ante el Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así como escritos ante el Defensor del Pueblo, ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público y ante la Fiscalía 126º del Área Metropolitana de Caracas sobre la detención arbitraria, las condiciones de detención y las violaciones al derecho a la defensa. La Comisión no contó con información sobre si hubo una respuesta a las diversas solicitudes realizadas. En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 340/22, la Comisión observó que en el marco del proceso penal se justificó el allanamiento y detención del señor Navarro conforme al artículo 196.2 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual disponía que cualquier allanamiento debía contar con una orden judicial y en presencia de testigos, y que la excepción a ello era cuando i) sea necesaria para impedir la perpetuación o continuidad de un delito; o cuando ii) se trata de personas a quienes se persigue para su aprehensión. Sin embargo, la Comisión señaló que el allanamiento y detención del señor Navarro se realizó sin una orden judicial, y sin que se presentaran los supuestos de excepción establecidos en la normativa. Asimismo, notó que no existía ningún tipo de documentación que acredite la existencia de una situación de flagrancia para justificar su detención, tomando en cuenta que el presunto delito en el que estaba involucrado el señor Navarro había ocurrido un día antes. Adicionalmente, la Comisión observó que la autoridad judicial que revisó la legalidad de la detención del señor Navarro se limitó a señalar que debido a que los agentes que participaron de la detención alegaron la aplicación de los supuestos excepcionales del COPP, ésta había resultado legal sin analizar efectivamente de qué forma dichos supuestos se habían aplicado al caso concreto. La Comisión también notó que, en la época de los hechos del caso, registró diversos actos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales y arbitrarias que guardan similitud con la detención del señor Navarro López. En consecuencia, la Comisión consideró que la detención y allanamiento resultaron ilegal. Aunado a la anterior, la Comisión concluyó que la privación de libertad del señor Navarro López resultó arbitraria toda vez que, el 26 de enero de 2018 el juez a cargo del proceso penal decretó la sustitución de la detención bajo el cumplimiento de ciertos requisitos y, a pesar de que dichos requisitos se dieron a inicios de febrero de 2018, permaneció detenido hasta el 2 de junio de 2018, sin que el Estado haya aportado documentación que justifique la detención entre febrero y junio de 2018. La Comisión también consideró que los agentes estatales no informaron a la víctima sobre las razones de su detención conforme a los estándares 2

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