La Comisión ha designado a la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão y a la Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad
García Muñoz, como sus Delegadas y Delegado. Igualmente, Silvia Serrano Guzmán, Paulina Corominas
Etchegaray y Luis Carlos Buob Concha, abogadas y abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán
como Asesoras y Asesor Legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe de Admisibilidad y Fondo Nº 25/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la
Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y
los anexos utilizados en la elaboración del Informe Nº 25/18 (Anexos). Dicho informe de admisibilidad y
fondo fue notificado al Estado de Brasil mediante comunicación de 19 de junio de 2018, otorgándole un
plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones; sin embargo, el Estado
no presentó información alguna. Tomando en cuenta la situación de incumplimiento de las
recomendaciones, la CIDH somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y
violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Admisibilidad y Fondo Nº 25/18, por la
necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare la responsabilidad
internacional del Estado de Brasil por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, en
relación con el deber de especial protección de la niñez, el derecho al trabajo, a la igualdad y no
discriminación, a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 19, 24,
26, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 y
2 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas que se individualizan en el Anexo Único del presente
informe.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Honorable Corte que disponga las siguientes medidas de
reparación:
1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de
Admisibilidad y Fondo Nº 25/18, tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar
medidas de compensación económica y satisfacción del daño moral.
2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias a las víctimas
sobrevivientes de la explosión. Asimismo, disponer las medidas de salud mental necesarias a los familiares
directos de las víctimas de la explosión. Estas medidas deben implementarse en caso de ser voluntad de las
víctimas y de manera concertada con ellas y sus representantes.
3. Investigar de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de
esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las
sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de
Admisibilidad y Fondo Nº 25/18. Esta medida deberá incluir tanto las investigaciones penales como
administrativas que correspondan, no sólo respecto de personas vinculadas con la Fábrica de Fuegos, sino
con las autoridades estatales que incumplieron sus deberes de inspección y fiscalización, en los términos
expresados en el Informe de Admisibilidad y Fondo Nº 25/18.
2

Select target paragraph3