Sociales y Culturales, e incluso las constituciones de los Estados parte de la
Convención, entre otros. Esta es la tesis que ha imperado en la mayor parte de los
casos que se relacionan con los DESCA desde Lagos del Campo Vs. Perú, en materia de
estabilidad laboral, así como en casos de derecho a la salud y a la seguridad social. En
los mismos, la Corte ha calificado la responsabilidad internacional del Estado por
violaciones de derechos sociales a partir del artículo 26 de la Convención. Este cambio
jurisprudencial se dio a partir del año 2017.
III. Una tercera visión: interdependencia-simultaneidad
4.
El artículo 26 de la Convención es lo que podría denominarse un artículo marco
que de manera general hace alusión a los DESCA sin especificar cuáles son y en qué
consisten. Este artículo hace una remisión a la Carta de la OEA para su lectura y
contenido. Por otro lado, el Protocolo de San Salvador, instrumento posterior a la
Convención Americana, individualiza y da contenido a los DESCA. El Protocolo es
explícito en señalar qué casos individuales respecto a DESCA pueden ser llevados a
conocimiento de la Corte: únicamente en lo que respecta a libertad sindical y
educación. Por su parte otros instrumentos del corpus juris interamericano hacen
mención a los DESCA.
5.
En el voto de ANCEJUB manifesté mi visión sobre la indivisibilidad e
interdependencia de los DH, esto me lleva a expresar que considero que la Corte IDH
sí tiene competencia para conocer y pronunciarse sobre los DESCA tanto en su aspecto
individual como colectivo. Estos mismos principios me permiten hacer un análisis
sistemático de la Convención, el Protocolo de San Salvador, la Carta de la OEA y otros
instrumentos del corpus juris interamericano. A continuación, trataré de explicar mi
visión de los fundamentos en función de los cuales la Corte IDH es competente para
conocer y pronunciarse sobre los DESCA.
6.
La parte II de la Convención Americana, que trata de los medios de protección,
señala en su artículo 44 que: “Cualquier persona o grupo de personas (…) puede
presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de
esta Convención por un Estado parte”. Por su parte, el artículo 48 indica que: “La
Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de los
derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos…”. De
igual manera, el artículo 62 No 3 de la Convención indica que: “La Corte tiene
competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las
disposiciones de esta Convención que le sea sometido…” (subrayados del autor).
7.
Los artículos de la Convención antes indicados son claros en cuanto a que
cualquiera de los derechos indicados en la Convención sin distinción de especie alguna
(civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) pueden ser llevados
a conocimiento de ambos órganos de protección y que éstos tienen competencia para
conocer de los mismos. Los artículos mencionados no hacen distinciones entre civiles,
políticos, sociales, culturales y ambientales en lo que respecta a la protección de los
mismos. Pretender que los órganos de protección interamericanos solo puedan conocer
los derechos civiles y políticos y no así los DESCA, sería contrario por un lado a la
indivisibilidad e interdependencia de los derechos y llevaría a una fragmentación de la
protección internacional de la persona y de su titularidad como sujeto de derecho
internacional.

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