y dos peritajes ofrecidos en su escrito de solicitudes y argumentos sean rendidos en
audiencia pública. Asimismo, solicitaron que dos declaraciones testimoniales y dos peritajes
se rindan mediante declaración jurada (affidávit). Por su parte, en sus observaciones a las
listas definitivas, formularon objeciones respecto de la admisibilidad de una declaración
testimonial ofrecida por el Estado y en cuanto al objeto del peritaje ofrecido por este.
8.
El Estado, en su lista definitiva, reiteró el ofrecimiento de prueba; para el efecto,
solicitó que una declaración testimonial y un peritaje sean rendidos en audiencia pública, y
que un peritaje sea recibido en forma escrita, mediante affidávit. Por su parte, en sus
observaciones a las listas definitivas, el Estado presentó objeciones respecto de la
admisibilidad del peritaje ofrecido por la Comisión, así como respecto de la admisibilidad y el
objeto de determinadas declaraciones testimoniales y peritajes ofrecidos por los
representantes, y recusó a tres peritos propuestos por estos.
9.
En cuanto a las declaraciones que no han sido objetadas, esta Presidencia considera
conveniente recabar dicha prueba, a efecto de que el Tribunal aprecie su valor en la debida
oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas
de la sana crítica. Por consiguiente, la Presidenta admite la declaración testimonial de
Lorenza Josefina Pérez de Olivares2, presunta víctima, respecto de quien los representantes
solicitaron que rinda su declaración en audiencia pública. El objeto y modalidad de la
declaración se determinarán en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto
resolutivo 1).
10.
Asimismo, la Presidencia admite la declaración de Reinaldo Rangel3, ofrecida por el
Estado, respecto de la cual solicitó que se rinda mediante affidávit. A ese respecto, es
preciso señalar que el objeto de la declaración se relaciona con las medidas adoptadas por el
Estado en materia de formación del personal que labora en el sistema penitenciario,
cuestiones que tienen que ver, más que con hechos que le consten al declarante, con su
trayectoria profesional y conocimientos adquiridos, por lo que la naturaleza de su
intervención no corresponde, en sentido estricto, con una declaración testimonial. En
consecuencia, la admisión de dicha prueba se hace como declarante a título informativo4. El
objeto y modalidad de la declaración se determinarán en la parte resolutiva de la presente
Resolución (infra punto resolutivo 4).
11.
Por último, la Presidenta admite el peritaje de Pedro Enrique Rodríguez Rojas5,
ofrecido por los representantes, quienes requirieron que rinda su declaración ante fedatario
público (affidávit). Al respecto, cabe señalar que, si bien los representantes cometieron un
error al identificar el nombre del declarante en el escrito de solicitudes y argumentos, la
2

Los representantes informaron que la declaración de Lorenza Josefina Pérez de Olivares, presunta víctima,
versaría sobre “las circunstancias en que perdió la vida su esposo, Orlando Edgardo Olivares Muñoz. También
declarará sobre las gestiones que han realizado para denunciar los hechos y exigir justicia sobre las violaciones a
los derechos humanos de los que ha sido víctima. Además, declarará sobre las secuelas emocionales y físicas que
ha sufrido como consecuencia de los hechos y las afectaciones a su proyecto de vida”.
3

El Estado informó que Reinaldo Rangel declararía sobre “el Programa Nacional de Formación Penitenciaria
desarrollado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para la formación del personal que presta
funciones en el Sistema Penitenciario de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el Centro de Privación de
Libertad Vista Hermosa, en el Estado Bolívar”.
4

Cfr. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 12 de diciembre de 2019, considerando 26.
5

Los representantes informaron que Pedro Enrique Rodríguez Rojas declararía sobre “los daños ocasionados
a los familiares de las víctimas, así como las repercusiones que los hechos tuvieron en ellos desde el punto de vista
familiar y laboral”, así como sobre “la importancia de la asistencia psicológica para restablecer un mínimo de
autoestima en los referidos familiares”.

2

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