o por medio de affidávit, un peritaje4. 3. El Estado, presentó objeciones a las declaraciones propuestas por el representante para ser convocadas de oficio por la Corte. La Comisión resaltó la importancia que la Corte pueda incorporar de oficio la prueba propuesta por los representantes de las presuntas víctimas con el fin de que pueda contar con mayores elementos de juicio. 4. Por otra parte, la Presidenta advierte que la situación originada a causa de la pandemia por la propagación de la COVID-19, cuyos efectos son de público conocimiento y persisten en la actualidad, conlleva obstáculos notorios para llevar a cabo una audiencia pública en la sede del Tribunal. Resulta incierto el momento en que dichos obstáculos, que constituyen razones de fuerza mayor, puedan ser subsanados. 5. En virtud de lo anterior, la Presidenta ha decidido, en consulta con el Pleno de la Corte, que es necesario convocar a una audiencia pública durante la cual recibirán las declaraciones que sean admitidas para ser realizadas en la audiencia pública, así como los alegatos y observaciones finales orales, por medio de una plataforma de videoconferencia. 6. Tomando en cuenta los alegatos de las partes y la Comisión, esta Presidencia procederá a examinar en forma particular: a. la admisibilidad del peritaje ofrecido por la Comisión y b. la procedencia de recibir las declaraciones ofrecidas por el representante. A. Admisibilidad del peritaje ofrecido por la Comisión 7. La Comisión ofreció el dictamen pericial de Miguel Francisco Canessa Montejo para que sea rendido en el marco de la audiencia pública. La Comisión sostuvo que el objeto de dicho peritaje versaría sobre “el derecho a la huelga de los trabajadores en el derecho internacional, su alcance y las restricciones permisibles, así como las salvaguardas necesarias para evitar represalias por su ejercicio a la luz de los estándares internacionales”. La Comisión fundamentó el ofrecimiento de dicho peritaje considerando que el presente caso permitirá a la Corte “consolidar su jurisprudencia respecto de las garantías del debido proceso aplicables para la destitución o cese de funcionarios públicos, así como desarrollar el contenido del derecho a la huelga y sus restricciones admisibles a la luz del derecho internacional”. Subrayó que estos aspectos trascienden el interés de las partes y se relacionan con aspectos de orden público interamericano. 8. El Estado, en su escrito de contestación, solicitó que la declaración pericial se limite al objeto para el cual fue admitida y que se le permita interrogar al perito. El representante no presentó observaciones a esta declaración. 9. En lo que respecta la declaración pericial ofrecida por la Comisión, esta Presidencia recuerda que el ofrecimiento de declaraciones periciales por parte de la Comisión se fundamenta en el artículo 35.1.f del Reglamento, que supedita el eventual 4 Peritaje de Luvia Marina Pérez Cisneros.

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