implementación de las medidas urgentes dictadas y sobre la solicitud de medidas
provisionales 4.
8.
El escrito de las representantes de 18 de junio de 2020, mediante el cual
remitieron observaciones al informe estatal de 11 de junio de 2020 (supra Visto 6) y
requirieron que se “solicite observaciones de parte de ‘otra[s] fuente[s] de información’
que cuentan con presencia permanente en los centros La Peñita y Lajas Blancas o que
llevan a cabo actividades de monitoreo y protección de derechos humanos en uno o
ambos centros”.
9.
Las notas de la Secretaría de 25 de junio de 2020, mediante las cuales la
Presidenta de la Corte, con base en el artículo 27.8 del Reglamento del Tribunal 5, solicitó
a la Defensoría del Pueblo de Panamá y al Grupo Inter-Agencial de Naciones Unidas
sobre Movilidad Humana que, en el ámbito de sus competencias, presentaran en la
audiencia pública la información que estimaran relevante.
10.
El escrito de 26 de junio de 2020, mediante el cual la Comisión Interamericana
presentó sus observaciones al informe estatal de 11 de junio de 2020.
11.
El escrito de 8 de julio de 2020 mediante el cual la Organización Internacional de
Migraciones (en adelante “OIM”) remitió información de las Agencias, Fondos y
Programas del Grupo Inter-Agencial de Movilidad Humana del Sistema de las Naciones
Unidas en Panamá sobre movimientos mixtos en tránsito por Panamá, el cual, siguiendo
instrucciones de la Presidenta del Tribunal, fue recibido como “otra fuente de
información”, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27.8 del Reglamento de la
Corte.
12.

La audiencia pública virtual realizada el 9 de julio de 2020 6.

Respecto de casos en que se han efectuado audiencias con posterioridad a la Resolución de adopción
de Medidas Urgentes de la Presidencia cfr., entre otros, Asunto Bustíos Rojas respecto Perú. Medidas
Provisionales. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de junio de
1990, Resolutivo tercero; Asunto Alvarado Reyes y otros respecto de México. Medidas Provisionales. Resolución
del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de abril de 2011, Resolutivo séptimo, y
Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Medidas Provisionales. Adopción de Medidas Urgentes. Resolución del
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de diciembre del 2017, Resolutivo tercero.
5
El artículo 27.8 dispone que “[e]n las circunstancias que estime pertinente, la Corte podrá requerir
de otras fuentes de información datos relevantes sobre el asunto, que permitan apreciar la gravedad y urgencia
de la situación y la eficacia de las medidas [provisionales]”.
6
A esta audiencia pública comparecieron: a) por el Estado: Federico Alfaro Boyd, Vicecanciller de la
República de Panamá; Ivette Berrio, Viceministra de Salud; Ivor Axel Pitti, Viceministro de Seguridad; Juana
López, Viceministra de Gobierno; Jonathan Riggs, Secretario General del Ministerio de Seguridad; Samira
Gozaine, Directora Nacional del Servicio de Migración; Oriel Ortega, Director del Servicio Nacional de Fronteras;
Thays Noriega, Directora Nacional de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica del Ministerio de Salud;
Ana Carolina Cambra, Jefa del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y
Johanna Aguirre, Jefa del Departamento de Asesoría Legal Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores; b) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Julissa Mantilla, Comisionada y Relatora
sobre los Derechos de las Personas Migrantes; Joana Zylbersztajn, Coordinadora de la Sección de Medidas
Cautelares y Provisionales de la Secretaría Ejecutiva, y Carlos Elguera, abogado consultor; c) la víctima, Jesús
Tranquilino Vélez Loor; d) sus representantes: Gisela De León, Marcela Martino y Kavita Kapur, del Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); y e) por la Defensoría del Pueblo de Panamá: Maribel Coco de
Garibaldi, Defensora del Pueblo, y Anahí Quintero Belda, Directora de Relaciones Internacionales de dicha
Defensoría. Dicha participación de la Defensoría del Pueblo se realizó como “otra fuente de información” (art.
27.8 del Reglamento de la Corte), distinta a la que brinda el Estado en su carácter de parte en este
procedimiento de medidas provisionales. El Grupo Inter-Agencial de Movilidad Humana informó que no podría
participar en la audiencia convocada ante la imposibilidad de responder dentro del plazo estipulado.
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