REF.: Caso Nº 11.227
Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica
Colombia

29 de junio de 2018

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de presentar ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el Caso Nº 11.227 – Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica respecto de la República de
Colombia (en adelante “el Estado”, “el Estado colombiano” o “Colombia”), relacionado con las
sucesivas y graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6,000 víctimas
integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica en Colombia a partir de 1984 y por más
de 20 años. La Comisión calificó estos hechos como un exterminio y estableció que los mismos
alcanzaron una gravedad y magnitud inusitados.
La Comisión determinó que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por
incumplimiento tanto de sus deberes de respeto como de garantía, por las privaciones del derecho a
la vida, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas
de homicidio de las cuales fueron objeto las víctimas del presente caso, en las que intervinieron tanto
agentes estatales como actores no estatales con la tolerancia y aquiescencia de aquellos. El Estado
reconoció su responsabilidad internacional únicamente por el incumplimiento del deber de garantía,
en su componente de protección, por no haber prevenido los asesinatos y demás actos de violencia
en contra de los miembros de la Unión Patriótica, pese a la evidencia de que la persecución en su
contra estaba en marcha.
Asimismo, la CIDH determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las
garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial, por la criminalización infundada
y torturas contra integrantes y simpatizantes de la Unión Patriótica en el caso denominado “La
Chinita” así como en otros casos. Por otra parte, la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos
políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad
y no discriminación, en virtud de que el móvil de las graves violaciones de derechos humanos, del
exterminio y de la persecución sostenida en contra de las víctimas fue su pertenencia a un partido
político y la expresión de sus ideas a través del mismo.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000,
San José, Costa Rica.

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