También, la CIDH estimó que el Estado violó el derecho a la honra y dignidad de los integrantes y
militantes de la Unión Patriótica, en virtud de que fueron estigmatizados tanto por agentes estatales
como por actores no estatales; incluyendo calificativos como terroristas, o brazo político de las FARC,
estigmatización que tuvo un efecto en la grave violencia desatada en su contra. Además, la Comisión
determinó que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales, protección judicial, y el deber de
investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas, en virtud de que, evaluadas en su
conjunto, las investigaciones adelantadas por el Estado respecto de los hechos del presente caso han
sido incipientes e insuficientes, y no han logrado proveer, ni a las víctimas sobrevivientes, ni a los
familiares de las víctimas fallecidas, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero
esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio contra los integrantes y militantes de la
Unión Patriótica. Finalmente, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la integridad de
los familiares de las víctimas del presente caso, tomando en cuenta la magnitud y gravedad de las
violaciones y el impacto que tuvo en estos.
El Estado colombiano ratificó la Convenció n Americana sobre Derechos Humanos el 28 de
mayo de 1973 y depositó dicho instrumento el 31 de julio de 1973. Además, aceptó la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana el 21 de junio de 1985. Asimismo, ratificó la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 2 de diciembre de 1998 y depositó dicho
instrumento, el 19 de enero de 1999. Finalmente, ratificó la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas el 1 de abril de 2005 y depositó dicho instrumento el 12 de abril
de 2005.
La Comisión toma nota que ciertas violaciones del presente caso, como desapariciones
forzadas, desplazamientos, ejecuciones, tentativas de homicidio y amenazas, ocurrieron en 1984,
antes de que Colombia aceptara la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, o antes de
que cobrara vigencia para el Estado la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura en 1998.
Con respecto a las desapariciones forzadas, la Comisión recuerda que dichas violaciones
tienen carácter permanente o continuado hasta tanto no se conozca el paradero de la persona
desaparecida, o se hallen sus restos de modo que se determine con certeza su identidad, situación
que ocurre en el presente caso, por lo que la Corte Interamericana tiene competencia para
pronunciarse respecto de la totalidad de los hechos de desapariciones forzadas, independientemente
que su inicio de ejecución sea anterior a la fecha de ratificación de la competencia contenciosa de la
Corte o la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. En cuanto
a las demás violaciones indicadas, la Corte IDH tiene competencia para analizar las acciones u
omisiones del Estado en cuanto al cumplimiento de su deber de investigar que hayan ocurrido bajo
la competencia temporal del tribunal. Ello no obsta a que la Corte pueda analizar las acciones y
omisiones en materia de investigación y justicia como posible violación de los derechos sustantivos
por incumplimiento del componente de investigar del deber de garantía. La Comisión también
destaca que en el informe de fondo declaró violaciones al derecho a la honra y dignidad, a los
derechos políticos, integridad personal, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación
y derecho a la igualdad y no discriminación, las cuales se perpetraron respecto de la totalidad de las
victimas del caso, por lo que la Honorable Corte también tendría competencia respecto de dichas
violaciones.
Todo lo anterior, sin perjuicio de que el Estado de Colombia acepte la competencia de la
Corte para conocer la totalidad del presente caso, de conformidad con lo estipulado en el artículo
62.2 de la Convención Americana.

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