y directivas, los cuales no reúnen los principios desarrollados en jurisprudencia del orden nacional e
internacional. Agregó que, de hecho, uno de los decretos ha sido inaplicado por la Corte Constitucional en
distintas ocasiones porque su expedición no fue consultada con los pueblos indígenas.
13. En síntesis, la parte peticionaria alega violaciones a los derechos establecidos en los artículos 1.1, 2, 4, 5, 8,
13, 17, 21, 23, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “La Convención
Americana” o “la Convención”), así como al artículo XIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (en adelante “la Declaración Americana” o “la Declaración”).
B. Estado
14. El Estado refirió que ha implementado todas las medidas que han estado a su alcance, contando con la
articulación de las entidades implicadas y la constante participación de las más altas autoridades nacionales e
internacionales, con la finalidad de proteger los derechos de la comunidad U’wa, atender sus demandas y
garantizar espacios de diálogo intercultural que permitan la solución pacífica de los conflictos que se presentan.
15. Con respecto al derecho al uso y goce de la propiedad colectiva, el Estado adujo que no es un derecho
absoluto y puede ser limitado, en tanto el Estado sigue siendo propietario legítimo de los recursos del subsuelo.
Sobre el derecho a la consulta previa, el Estado sostuvo que se encuentra reconocido en el ordenamiento
jurídico colombiano y que no conlleva el derecho de pueblos indígenas y tribales a vetar las medidas legislativas
y administrativas que los afecten, sino que es una oportunidad para que los Estados consideren y valoren sus
posiciones sobre los proyectos, por lo que las autoridades siempre preservan la competencia para adoptar una
decisión final sobre la realización del proyecto.
16. El Estado señaló que cumplió con sus obligaciones a través de la realización de varios procesos de consulta
previa respecto de las licencias otorgadas a las diferentes empresas; en específico, respecto al proceso de
consulta llevado a cabo en enero de 1995, sobre el Bloque Samoré, refirió que en aquel entonces no se habían
desarrollado los estándares de consulta previa que existen hoy en día y, por tanto, solicitó a la Comisión que
‘‘reconozca los esfuerzos del Estado, y se abstenga de aplicar los estándares de consulta previa de forma
retroactiva’’. Asimismo, sobre el Bloque Catleya, el Estado afirmó que, luego de dos años de reuniones, la
Asociación de Comunidades y Autoridades Indígenas de Arauca (en adelante ASCATIDAR) rechazó el proceso
de consulta previa.
17. Con respecto al Bloque Sirirí, el Estado afirmó que desde el mes de mayo de 2004 inició el proceso de
acercamiento y socialización de la propuesta de Consulta Previa con la Asociación de Autoridades Tradicionales
y Cabildos U’wa – (en adelante ASOU’WA), pero que luego de constantes aplazamientos de manera unilateral
por parte de ASOU’WA, los representantes se negaron a participar en la consulta. En lo ateniente al traslape
entre el territorio ancestral U’wa y el Parque Nacional Cocuy, el Estado señaló que ha compatibilizado el área
protegida de dicho Parque Nacional con la propiedad colectiva del Pueblo U´wa. Asimismo, el Estado indicó que
el Parque ha permanecido cerrado por varios periodos de tiempo y sólo ha abierto de forma parcial o temporal
limitando las actividades de los turistas en la zona.
18. Por otra parte, el Estado afirmó que el hecho de otorgar un título minero no necesariamente conlleva a que
la comunidad sufra una afectación, toda vez que con el otorgamiento se entra a la etapa de exploración, para lo
que no se hace necesario realizar consulta previa, máxime cuando en dicha etapa no se tiene certeza de si
efectivamente se desarrollará o no el proyecto. Además, se refirió a lo establecido por la Corte Constitucional
en tanto que no obliga a obtener consentimiento a menos que exista posibilidad de generar un exterminio físico
y cultural. Asimismo, indicó que el Estado se ve atado de manos cuando el Pueblo U´wa es absolutamente
renuente a participar de procesos de consulta.
19. En relación a la instalación del gasoducto Gibraltar – Bucaramanga, el Estado señaló que se llevó a cabo
respetando la integridad del Pueblo U’wa y que no atraviesa su territorio ancestral ni el área de influencia del
mismo, ni se ha probado que su funcionamiento genere efectos negativos. Además, indicó que en mayo de 2016,

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