las masacres y los familiares de las víctimas ejecutadas que así lo soliciten, previo consentimiento informado, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos y exámenes que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos. En el caso de que el Estado careciera de ellas deberá recurrir a instituciones privadas o de la sociedad civil especializadas. Asimismo, los tratamientos respectivos deberán prestarse, en la medida de lo posible, en los centros más cercanos a sus lugares de residencia522 en El Salvador por el tiempo que sea necesario. Al proveer el tratamiento psicológico o psiquiátrico y psicosocial se debe considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una de ellas y después de una evaluación individual523. Dicho tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico y psicosocial deberá incluir procedimientos sencillos y diferenciados en la inscripción y actualización ante el sistema de salud correspondiente, cuyo carácter reparador sea de conocimiento de los funcionarios estatales encargados de realizarlos. Las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas ejecutadas, identificados en los anexos “B” y “C” de esta Sentencia, que soliciten esta medida de reparación, o sus representantes legales, disponen de un plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir atención médica, psicológica o psiquiátrica y psicosocial. 3) Medidas de satisfacción a) Reconocimiento público de responsabilidad 354. En términos generales, la Comisión solicitó a la Corte que disponga al Estado el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos y la recuperación de la memoria de las víctimas fallecidas. En su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes señalaron que para que el reconocimiento de responsabilidad tenga un verdadero significado para las víctimas, dada la gravedad de los hechos, es necesario que el mismo sea realizado por el Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, y que en dicho acto esté presente el alto mando de las Fuerzas Armadas, altos funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial y la junta directiva de la Asamblea Legislativa salvadoreña. Asimismo, solicitaron que dicha ceremonia se lleve a cabo en el caserío El Mozote; que el Estado garantice la presencia en dicha ceremonia de la mayor cantidad de víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas asesinadas, para lo cual el Estado debe asumir todos los gastos que genere el traslado de estas personas; que la modalidad y los detalles de esta ceremonia, tales como su fecha y lugar sean acordados previamente con las víctimas y sus representante, y que sea transmitida por los principales medios de comunicación de alcance nacional. 355. El Estado expresó inicialmente su disposición de aceptar y realizar el reconocimiento público de responsabilidad. Posteriormente, durante la audiencia pública y en su escrito de alegatos finales, el Estado indicó que dicha “medida que ya se ha[bía] concretado”. Sobre este punto, el Estado se refirió al acto de desagravio y reconocimiento de responsabilidad de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, realizado en el caserío El Mozote el 16 de enero de 2012, en el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz. Al respecto, el Estado explicó que el 5 de diciembre de 2011 se produjo una reunión entre el Presidente de la República de El Salvador y un grupo representativo de víctimas del 522 Cfr. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, párr. 270, y Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 249, párr. 253.d. 523 Cfr. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, párr. 270, y Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, párr. 253.b. 134