77. En este sentido, es pertinente resaltar lo manifestado por el Estado en la audiencia pública, invocando el mensaje de desagravio expresado por el Presidente de la República el 16 de enero de 2012 en el caserío El Mozote en el marco de la conmemoración del 20° Aniversario de los Acuerdos de Paz, al reconocer que: “en el Mozote y comunidades vecinas hace poco más de treinta años se consumó una desmesura criminal que se pretendió negar y ocultar sistemáticamente […] en tres días y en tres noches se perpetró la más grande masacre contra civiles de la historia contemporánea latinoamericana, a[ll]í se exterminó a casi un millar de salvadoreñas y salvadoreños, la mitad de ellos niños menores de dieciocho años, […] a[ll]í se cometieron un sin número de actos de barbarie y violaciones de los derechos humanos, se torturó y ejecutó a inocentes, mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales, cientos de salvadoreños y salvadoreñas hoy forman parte de una larga lista de desaparecidos, mientras otros y otras debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas”. 78. El Estado señaló que: “estima[ba] oportuno declarar expresamente su reconocimiento a las víctimas sobrevivientes de la masacre que, de forma valiente y ejemplar, rindieron su testimonio permanentemente en sus propias comunidades, ante las organizaciones de derechos humanos, en la sede judicial y ante la prensa nacional e internacional, haciendo prevalecer finalmente la verdad de tan trágicos sucesos que fueron penosamente negados por el Estado salvadoreño en el pasado. Particular reconocimiento expresa el Estado a la señora Rufina Amaya, sobreviviente del caserío El Mozote (de grata recordación), quien con su lucha se erigió en símbolo de la verdad en el presente caso. Igualmente a los señores Pedro Chicas Romero, Juan Bautista Márquez, Antonio Pereira, Teófila Pereira, Dorila Márquez y muchas otras personas que ha rendido su testimonio durante tantos años. El Estado, en similar sentido, reconoce la admirable labor en la defensa de los derechos humanos de las víctimas en el presente caso, que ejerció la Doctora María Julia Hernández Chavarría, Directora de Tutela Legal del Arzobispado, con el respaldo del señor Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera Damas (ambos de grata recordación), quienes acompañaron la lucha por la verdad y la justicia en este caso y en muchos otros similares ocurridos durante el conflicto armado interno salvadoreño, hasta el final de sus vidas, siendo ambos voz y acción de esperanza para las víctimas y cuyo legado humanista trasciende en la sociedad salvadoreña hasta el día de hoy. Asimismo, el Estado expres[ó que] reconoce la invaluable labor que brindaron en este caso los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuya contribución como peritos judiciales otorgó certidumbre científica al establecimiento de la verdad sobre esta grave violación de los derechos humanos”. 79. Tomando en cuenta el reconocimiento del Estado, y a partir de los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares que acudieron a los lugares afectados con posterioridad a los hechos a fin de indagar la suerte de sus familiares, de las conclusiones de los informes de antropología forense respecto a las exhumaciones realizadas, de lo establecido por la Comisión de la Verdad y de los informes de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, organización que se ha dedicado a investigar, documentar y realizar diversas publicaciones respecto al presente caso, es que la Corte procederá a establecer los hechos sucedidos entre el 8 y 16 de diciembre de 1981. a) Antecedentes 80. En el año 1981 eran comunes las operaciones de contrainsurgencia (supra párrs. 67 a 72), por lo que algunos de los pobladores de la zona norte del Departamento de Morazán, 30