estándares internacionales en materia de uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Por su parte, el Estado se ha referido en sus alegatos a las normas adoptadas a lo largo de los últimos años, especialmente a partir del 2006, que rigen el uso de la fuerza por parte de los integrantes de las fuerzas policiales. En mérito de ello, la Corte estima que no han sido aportados suficientes elementos para analizar los hechos a la luz del artículo 2 de la Convención. 143. En conclusión, la Corte considera que el Estado no ha demostrado que en este caso los agentes de policía del estado Falcón hubiesen hecho un uso legítimo y, en su caso, necesario y proporcional de la fuerza en contra del señor Néstor José Uzcátegui y que, en cambio, ha quedado plenamente probado que la muerte de éste le es atribuible, por lo que considera que el Estado es responsable por la privación arbitraria de la vida del señor Néstor José Uzcátegui, en violación de su derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. VI.2 LA DETENCIÓN DE LUIS Y CARLOS UZCÁTEGUI EL 1 DE ENERO DE 2001. (DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL Y DERECHOS DEL NIÑO) A.- Alegatos 144. La Comisión alegó que el Estado es responsable por la violación del artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5, en relación con el artículo 1.1, de la Convención Americana, en perjuicio de Luís Enrique Uzcátegui, así como en conexión con el artículo 19 de dicho instrumento en perjuicio de Carlos Eduardo Uzcátegui, por su detención de 1 de enero de 2001. Alegó que la detención se llevó a cabo sin que mediara orden de arresto y sin que Luís y Carlos Eduardo fueran sorprendidos in franganti en la comisión de un delito, tal cual lo establece la normatividad interna venezolana. Además agregó que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente 208 de Venezuela establece que la privación de libertad de un niño debe ser excepcional, que solamente la Policía de Investigación puede citar o aprehender al adolescente presunto responsable del hecho investigado, debiendo comunicarlo inmediatamente al Ministerio Público y que en el “caso de que un adolescente sea aprehendido por miembros de otros cuerpos policiales, éstos deben remitir inmediatamente a la Policía de Investigación para que informen inmediatamente al Ministerio Público, cuestiones que en el presente caso no se tuvieron en cuenta”. La Comisión también alegó que el Estado no había demostrado que hubiera registrado a los hermanos Carlos y Luis Enrique Uzcátegui el día de su detención, ni que hubiera dejado constancia del lugar, la hora y las condiciones de los hechos, y que no había probado que éstos fueron informados de las razones de su detención. Por último, la Comisión señaló que Carlos Eduardo y Luis Enrique Uzcátegui no habían sido puestos a disposición de un juez ni de otro funcionario encargado de ejercer funciones judiciales, de conformidad con la normatividad interna. 145. Los representantes coincidieron con lo expresado por la Comisión y agregaron, respecto a Carlos Eduardo, que no se había realizado una separación entre adultos y adolescentes de acuerdo a su condición de menor de edad en el lugar de detención. Además, agregaron que el Estado era responsable por la violación del artículo 7.6 de la Convención Americana toda vez que las detenciones de Luis Enrique y Carlos Eduardo 208 Cfr. Ley orgánica para la protección del niño y del Adolescente, Gaceta Oficial N° 5.266 Extraordinario del 2 de octubre de 1998. Artículos 652 y 653. 39